La Fiscalía investiga una denuncia pública realizada por trabajadores de nacionalidad peruana que afirmaron haber sido encerrados durante la noche en una obra vinculada a la construcción del ex-hotel San Rafael, hoy reconvertido en el proyecto Cipriani Resort, Residence & Casino, en Punta del Este.
El caso se conoció a partir de la difusión de un video grabado por los propios trabajadores, quienes se desempeñan para una empresa subcontratada por la constructora CRIBA, responsable de la obra. Tras la viralización del material, la Fiscalía inició actuaciones de oficio.
Posteriormente, el SUNCA Maldonado presentó una denuncia policial, lo que derivó en la intervención inicial del fiscal Sebastián Robles y, luego, de la fiscal de turno Jéssica Pereira, quien concurrió al lugar junto a personal policial.
Según pudo establecer la Fiscalía, durante la noche los trabajadores permanecían encerrados con candado en el lugar donde se alojaban. El capataz de la empresa subcontratada fue identificado como la persona que cerraba el acceso.
No obstante, y pese a la constatación de la situación, ninguno de los trabajadores formalizó una denuncia penal, por lo que, al menos hasta el momento, no quedó configurado el delito de privación ilegítima de la libertad.
Desde Fiscalía también se indicó que existía un muro lateral de baja altura, que podía ser sorteado, aunque se remarcó que no resulta aceptable ni justificable que se encierre a trabajadores bajo ninguna circunstancia.
La empresa emitió un comunicado en el que señaló que los trabajadores involucrados pertenecen a una empresa subcontratada y deslindó responsabilidades directas sobre lo ocurrido. En la misma línea se expresó la familia Cipriani–Tarasido, vinculada al emprendimiento, que también se desligó de las prácticas de las empresas contratistas.
Según se indicó, la decisión de encerrar a los trabajadores habría sido tomada por el capataz de la empresa subcontratada, con el argumento de evitar ausencias laborales durante los fines de semana.
El SUNCA anunció que realizará movilizaciones y presencia en la obra en los próximos días y evalúa volver a presentar el caso ante la Fiscalía. El sindicato sostiene que cuenta con documentación que indica que el mismo capataz ya habría incurrido en prácticas similares en una obra de José Ignacio en 2023, también con trabajadores de nacionalidad peruana.
Además, el gremio cuestionó la falta de controles del Ministerio de Trabajo, especialmente en relación con las condiciones laborales de trabajadores extranjeros en obras de gran porte en Punta del Este.
Escuchá el informe completo del corresponsal de Carve en Maldonado, Marcelo Umpierrez.
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