El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) trabaja en la implementación de un nuevo plan de control de cotorras ante el fuerte aumento de la población de esta especie en zonas productivas. La medida surge luego de que productores hortícolas, frutícolas y vitivinícolas reportaran pérdidas que oscilan entre el 20% y el 50%, según el predio y la dinámica de la plaga.
El director técnico de la Dirección General de la Granja, Ramiro Vacca, dijo a Informativo Carve del Mediodía que la situación se agravó desde 2018, cuando se suspendió la última campaña de control tras la prohibición del producto químico que se utilizaba entonces por su alta toxicidad.
Desde ese momento, afirmó, la población de cotorras se expandió sin herramientas de manejo oficiales, lo que llevó a que algunos productores recurrieran a métodos no permitidos, con riesgos ambientales y sanitarios. El nuevo plan busca evitar ese descontrol, generar un marco legal y aplicar procedimientos que puedan ser monitoreados por el Estado.
El plan presentado por la Dirección de la Granja comprende dos vías principales de acción, aplicables únicamente en predios georreferenciados que integran el programa de manejo regional de plagas.
Por una lado, el Sistema pega-pega (control intrapredial), que consiste en la colocación de superficies adhesivas para capturar ejemplares. Es un método controvertido por su impacto en el bienestar animal, motivo por el cual será estrictamente monitoreado por técnicos del MGAP, del Ministerio de Ambiente y del INBA.
El seguimiento determinará si las muertes son inmediatas (como se requiere para evitar sufrimiento prolongado) y si es viable mantenerlo como herramienta temporal.
El otro es el cebo tóxico en boca de nido. Se trata de productos permitidos en el país y que históricamente mostraron eficacia en controles puntuales. Se aplicarán únicamente en nidos identificados por los propios productores, quienes luego deberán recoger los cadáveres en un plazo de 24 a 48 horas para evitar efectos en la fauna circundante o en animales domésticos.
Además de los controles directos, el MGAP plantea medidas culturales como bajar nidos en árboles secos o aislados, donde la especie tiende a concentrarse, intervenir también en predios estatales, donde muchas veces se originan nidos que afectan a chacras vecinas, y coordinar a mediano plazo con el Ministerio de Defensa para tareas en territorio.
El objetivo no es erradicar la especie, subrayó Vacca, sino reducir la población en zonas productivas a niveles que no generen daños severos mientras se desarrollan soluciones más duraderas. Está previsto que se comience a estudiar el uso de cebos antisépticos, aunque sus resultados a campo podrían demorar entre dos y tres años.
“Hoy tenemos un problema de superpoblación real y productores que, ante la falta de herramientas, están recurriendo a métodos peligrosos e ilegales. Necesitamos un marco que permita actuar y controlar lo que se hace”, señaló el técnico.
Mortandad de abejas
La apicultura uruguaya atraviesa uno de los episodios más graves de los últimos años. Más de 10.000 colmenas se encuentran afectadas por una mortandad masiva que ya fue reportada por 45 productores de distintas zonas del país, en un fenómeno que abarca predios desde Canelones hasta Río Negro. La Sociedad Apícola del Uruguay (SAU) presentó formalmente la situación en la Junta Nacional de la Granja, donde reclamó medidas urgentes y un plan de acción.
Vacca sostuvo que la problemática comenzó a registrarse el 20 de noviembre, cuando empezaron a llegar los primeros reportes de colmenas con muertes totales y parciales. El fenómeno se detecta en apiarios de todas las escalas (pequeños, medianos y grandes productores) y ya generó una caída significativa en la producción.
La situación está siendo analizada por un grupo de trabajo integrado por representantes del MGAP, técnicos de la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola y productores, entre ellos la apicultora Estela Santos, quien desarrolla un estudio desde noviembre que busca determinar las causas del fenómeno.
Uno de los puntos en evaluación es el uso de secantes en cultivos de cosecha, que coincide con el momento en que comenzó la mortandad. Entre las hipótesis, figura la posible presencia de Paraquat, un herbicida prohibido en Uruguay, aunque Vacca aclaró que se trata solo de una versión no confirmada y que se investigan también otros productos utilizados en esta época, como curasemillas y agroquímicos que, aplicados de forma incorrecta, pueden generar deriva o contacto directo con las abejas.
Para avanzar, el MGAP prevé ampliar la cantidad de muestras para análisis de laboratorio, que serán enviadas a centros capaces de detectar los metabolitos específicos asociados a estos productos. “Hasta ahora tenemos probables causas, pero para tener certezas hay que contar con resultados de laboratorio”, explicó.
Mientras tanto, la cartera monitorea la evolución del problema junto a la Dirección General de Servicios Agrícolas y el Ministerio de Ambiente. “Es una situación inusual, mucho más amplia de lo que ocurre normalmente con aplicaciones que pueden afectar a las abejas”, señaló.
Desde el sector apícola reclaman rapidez en las decisiones, dado que las pérdidas económicas ya son significativas y podrían agravarse si no se actúa con inmediatez. El MGAP, por su parte, aseguró que continuará coordinando acciones con los productores y que informará las medidas a medida que avancen los análisis.
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