Tras los fallidos intentos del Sictrac y Sigeflot, el gobierno vuelve a la carga con un nuevo proyecto para regular el transporte de carga en Uruguay. Aunque todavía no tiene nombre, la iniciativa se basa en tres pilares: una guía electrónica de carga, monitoreo por GPS y control biométrico para registrar la jornada laboral de los conductores. La propuesta genera expectativa, pero también abre interrogantes dentro del sector.
“Estamos hablando de alrededor de 30.000 trabajadores y unos 45.000 camiones”, explicó Ignacio Asumendi, presidente de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga (ITPC), en diálogo con Informativo Carve del Mediodía.
Aunque reconoce que el parque automotor es amplio, advirtió que existen “nudos logísticos” y una “escasa eficiencia en la cadena” que provocan sobrecostos e ineficiencia.
Uno de los objetivos principales del nuevo sistema es la trazabilidad de las cargas y la formalización de los contratos de transporte, que muchas veces se acuerdan de forma verbal.
“Con una guía electrónica de carga, sabes dónde se cargó, quién la transportó, en qué vehículo, hacia dónde fue. Y eso también significa formalizar el contrato”, señaló Asumendi.
Sin embargo, el proyecto enfrenta los mismos escollos que sus antecesores. Uno de los principales es la tensión entre la normativa laboral vigente y las formas de trabajo reales en el transporte. El laudo establece el pago por hora, pero la mayoría del sector opera bajo sistemas alternativos, como pagos por kilómetro o por viaje.
“La espera en un puerto o en una planta no depende del transportista, y muchas veces no es remunerada como debería”, advirtió.
Implementar un sistema de control como este, dijo Asumendi, dejaría al descubierto “formas de pago que no son las oficialmente reglamentadas”. Por eso, desde la ITPC proponen avanzar de forma gradual, empezando por la guía de carga y dejando otros aspectos laborales para una segunda etapa.
Asumendi aseguró que el gremio mantiene un “buen diálogo” con el sindicato de trabajadores del transporte, aunque reconoció que hay “resistencias” por parte de algunos sectores que temen perder derechos adquiridos. En ese marco, el Ministerio de Transporte planteó la posibilidad de reintroducir precios de referencia, algo que dejó de hacerse en el gobierno anterior, como forma de ordenar un mercado muy atomizado y evitar valores por debajo del costo.
“El sector tiene una informalidad bastante alta, aunque es difícil medirla exactamente. Hay estudios que hablan de un 50%, pero lo importante es entender las causas: baja rentabilidad, altos costos y muchos tiempos muertos”, explicó.
Otro aspecto que inquieta al sector es el desarrollo de modos alternativos de transporte, como el ferrocarril central o las hidrovías. Aunque Asumendi dijo que están dispuestos a convivir en un esquema multimodal, advirtió que “si seguimos con baja productividad y sobreoferta de camiones, sumar más competencia puede agravar la situación”.
La ITPC agrupa a múltiples subsectores del transporte de carga, como el de granos, madera, bebidas, leche, combustibles y carga general, además de gremiales departamentales. “Hay diferencias marcadas entre ellos. Por ejemplo, el transporte de leche tiene flujo continuo y puede pagar por hora. En cambio, en granos o carga general, la desorganización de la cadena hace muy difícil cumplir con lo que establece el laudo”, apuntó.
Por ahora, el gobierno y el sector privado siguen en etapa de diálogo. “Estamos recorriendo el país, explicando el proyecto y recogiendo inquietudes. En julio se prevén reuniones clave, porque el gobierno quiere llegar a la ley de presupuesto con claridad sobre qué iniciativas incorporar”, concluyó Asumendi.
Escuchá la entrevista completa.
En Soundcloud:
En Spotify:
