La Justicia de Maldonado imputó a los exediles del Partido Nacional, José Luis Sánchez y Darwin Correa, por los delitos de fraude y falsificación ideológica, en el marco de una investigación por un presunto desvío de fondos públicos cercano a $1,5 millones (unos 35.000 dólares).
Ambos quedaron con medidas restrictivas, es decir, prohibición de salir del país por 90 días, entrega de documentos de viaje, fijación de domicilio legal y la obligación de presentarse una vez por semana en la seccional policial más cercana.
El caso involucra además al también exedil blanco y expresidente de la Junta Departamental, Alexandro Infante, quien fue declarado en rebeldía tras no presentarse a la audiencia de formalización. Según confirmó la Fiscalía, Infante salió del país el mismo día por el puerto de Colonia con destino a Argentina, aunque fuentes de su entorno señalan que podría encontrarse en Centroamérica. La Justicia dispuso su detención inmediata en caso de reingresar a Uruguay.
La causa se originó tras una investigación periodística de Jorge Boninca en el canal La Verdad de la Milanesa, donde el hijo de Sánchez reveló el sistema de boletas falsas utilizadas para desviar fondos.
Según la Fiscalía, las facturas simulaban obras que no se realizaban en la Junta Departamental, eran firmadas por las autoridades y luego pagadas. El dinero terminaba en la cuenta del hijo de Sánchez, quien transfería parte a su padre. Correa, por su parte, firmaba boletas que derivaban en el mismo mecanismo. En el caso de Infante, el circuito incluyó una cuenta de terceros.
El Partido Nacional resolvió suspender los derechos partidarios de los tres exediles involucrados, lo que les impide ocupar cargos o representar al partido mientras dure el proceso judicial.
A nivel local, los sectores Movimiento Maldonado, liderado por Infante, y Unión y Cambio, del diputado Rodrigo Blas, emitieron comunicados en los que marcaron distancia de los imputados y reprobaron el accionar de no comparecer ante la Justicia.
El proceso continúa bajo la órbita de la Fiscalía Departamental de Maldonado, a cargo de Jorge Vaz, que busca determinar el alcance total del perjuicio económico y las responsabilidades de los involucrados.
Escuchá el informe completo del corresponsal de Carve en Maldonado, Marcelo Umpierrez.
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