El economista y director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), Agustín Iturralde, sostuvo que Uruguay deberá avanzar en una agenda de reformas para recuperar el crecimiento económico, aunque advirtió que el principal obstáculo no es técnico sino político y social. La resistencia de los distintos sectores cuando los cambios afectan sus propios intereses.
En entrevista con Informativo Carve de Cierre, el economista profundizó en su reciente columna titulada “Sí, pero empezá por él”, donde plantea que existe un consenso abstracto sobre la necesidad de reformas, pero no cuando estas implican costos concretos.
“Todos vemos muy claro los problemas de competencia o de privilegios en otros sectores, pero cuando se trata del propio sector aparecen las resistencias”, afirmó.
Iturralde señaló que la economía uruguaya muestra señales de estancamiento, con una desaceleración en la creación de empleo durante el segundo semestre de 2025.
“Tenemos una economía que parece cada vez más claro que está estancada. Hace diez años que venimos creciendo poco y es imposible mejorar salarios, jubilaciones e ingresos sin mayor crecimiento económico”, explicó.
Según indicó, ese crecimiento no será posible sin reformas tanto macroeconómicas como sectoriales orientadas a mejorar la competitividad, aumentar la competencia y reducir costos.
Sin embargo, sostuvo que hoy no existe un consenso político ni social amplio para avanzar en esa agenda, aunque sí hay una visión cada vez más extendida dentro del ámbito económico.
El economista ejemplificó que distintos sectores reclaman reformas cuando los benefician, pero se oponen cuando los exponen a mayor competencia.
Entre los casos mencionó la industria, que reclama mayor inserción internacional y menores costos, pero la apertura comercial implicaría mayor competencia externa.
El agro y alimentos, un sector donde productos como el pollo tienen precios elevados debido a barreras a la competencia, lo que impacta en el costo de vida.
En cuanto al sistema de salud, Uruguay destina más de 10% del PIB al sector, pero existen oportunidades para mejorar eficiencia.
En el sector de las empresas públicas y privadas existen restricciones regulatorias y estructuras que limitan la competencia y elevan precios.
También señaló que el sistema político debería revisar sus propios costos, incluyendo estructuras de dirección sobredimensionadas en organismos públicos.
Iturralde sostuvo que una eventual agenda de reformas deberá aplicarse de forma transversal para evitar que sea percibida como dirigida contra un sector específico.
En ese sentido, destacó como ejemplo la reforma previsional aprobada en 2023, que alcanzó a distintos colectivos y no se limitó a un solo grupo.
“Cuando las reformas son transversales y tocan distintos intereses, tienen mayor legitimidad y posibilidades de avanzar”, señaló.
El economista sostuvo que el país enfrenta una disyuntiva entre mantener el statu quo o asumir los costos de las reformas necesarias para crecer. “El Uruguay más competitivo no se construye con discursos abstractos, sino enfrentando intereses concretos. Va a llegar un momento en que haya que hacer cambios, y eso implica que muchos sectores van a perder beneficios”, afirmó.
Según sostuvo, el desafío será lograr una voluntad política capaz de avanzar en esas transformaciones de manera equilibrada y con legitimidad social.
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