La Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) expresó su respaldo a la intención del gobierno de mitigar los impactos del comercio fronterizo con Brasil, pero advirtió sobre posibles efectos adversos para la industria nacional si no se corrigen aspectos clave del paquete de medidas anunciadas por el Ministerio de Economía.
En diálogo con Informativo Carve del Mediodía, el asesor de la CIU, Sebastián Pérez, destacó que el foco de preocupación está en el desequilibrio competitivo que podría generarse si se habilita un régimen especial de importación para comercios fronterizos sin contemplar condiciones impositivas similares para los proveedores industriales uruguayos.
“Estamos de acuerdo en que hay un problema en la frontera que afecta las ventas de la industria en esa zona. Lo vimos claramente en la pandemia, cuando al restringirse el paso de personas, las ventas crecieron significativamente”, señaló Pérez.
Según el asesor, la preocupación de fondo tiene que ver con el avance del contrabando organizado, que ya no es solo el “contrabando hormiga” sino un fenómeno con logística, depósitos, transporte y ventas al por menor en Uruguay.
Aunque el gobierno aún no ha formalizado las medidas mediante decretos o proyectos de ley, la Cámara trasladó sus sugerencias en reuniones recientes con el subsecretario de Economía y su equipo técnico.
Entre las propuestas se destacan los ajustes en el IVA y la tasa bromatológica, para equiparar las condiciones entre productos importados y de origen nacional; el refuerzo de los controles aduaneros para evitar el “corrimiento de frontera”, es decir, que productos importados con régimen especial terminen vendiéndose fuera de las zonas previstas.
También monitorear los comercios elegibles para estos beneficios, a través de herramientas como la facturación electrónica; reducir los costos de registros sanitarios y bromatológicos, que actualmente resultan más altos en Uruguay que en países vecinos como Brasil o Argentina.
Pérez ejemplificó con productos como galletitas y artículos sanitarios incluidos en la canasta básica, que la industria uruguaya produce pero que compiten en desventaja por diferencias en costos impositivos y regulatorios.
“No queremos que el proveedor nacional quede en desventaja frente a importaciones especiales que no tributan como una operación común”, insistió el asesor.
La CIU advirtió además que un diseño inadecuado del régimen podría derivar en una “legalización del contrabando”, si productos ingresados bajo beneficios especiales llegan a grandes centros urbanos como Montevideo.
“El contrabando organizado ya es una estructura empresarial. No podemos permitir que se fortalezca con regímenes legales mal aplicados. Sería un golpe para la industria y también para la recaudación del Estado”, afirmó Pérez.
Si bien no hubo compromisos formales por parte del gobierno, Pérez valoró la disposición al diálogo y el compromiso de mantener instancias de monitoreo una vez que las medidas se implementen.
“Sabemos que será una prueba piloto, por eso pedimos que se evalúe de cerca y con rigor. Estamos dispuestos a seguir aportando para que la solución no perjudique a la industria nacional”, concluyó.
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