Uruguay suele definirse como un país “de espaldas al mar”. Esta frase se sustenta en que, pese a contar con más de 600 kilómetros de costa, una ubicación clave en el Atlántico Sur y una creciente extensión de su territorio marítimo, especialistas advierten que el país carece de una política marítima nacional integral.
El tema suele aparecer en la agenda pública de forma fragmentada, por ejemplo, en torno a la discusión por las patrulleras oceánicas, los conflictos en el sector pesquero, la prospección sísmica en busca de hidrocarburos o los movimientos portuarios. Sin embargo, detrás de esos episodios hay un problema estructural más profundo.
El capitán de navío retirado Pablo Viera sostuvo en diálogo con Informativo Carve de Cierre que Uruguay mantiene una “visión terrestre” de su desarrollo. Esto implica que, a pesar de haber ampliado significativamente su territorio marítimo, que hoy supera al terrestre, no existe una estrategia coordinada que contemple ese espacio como un eje central de desarrollo.
Uno de los principales problemas identificados es la dispersión institucional. Distintos organismos, como la Armada, la Administración Nacional de Puertos o la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, actúan en el ámbito marítimo, pero sin una coordinación central clara.
Viera propone la creación de una secretaría de asuntos marítimos, fluviales y portuarios que articule políticas, centralice decisiones y genere una estrategia de largo plazo. Según plantea, la ausencia de este enfoque integral deriva en ineficiencias, conflictos prolongados y pérdida de oportunidades económicas.
El mar no es solo una frontera geográfica, es también un espacio económico clave. Se estima que alrededor del 90% del comercio internacional se realiza por vía marítima, y en Uruguay gran parte de las importaciones y exportaciones dependen de este sistema.
Sin embargo, la falta de políticas claras tiene consecuencias concretas. En el sector pesquero, por ejemplo, Uruguay no explota plenamente sus cuotas, lo que permite que otros países capturen esos recursos. A esto se suma la pesca ilegal en aguas jurisdiccionales, favorecida por la falta de patrullaje suficiente.
También se registran pérdidas en la operativa portuaria. Conflictos no resueltos han provocado el traslado de parte de la operativa, como la flota paraguaya de transbordo, hacia puertos de la región, con impacto en ingresos y empleo.
La falta de medios adecuados, como patrulleras oceánicas, limita la capacidad de control del Estado sobre su propio mar. Estas embarcaciones no solo cumplen una función operativa, sino también disuasiva frente a actividades ilegales como la pesca no autorizada.
En casos de infracción, los buques pueden ser detenidos y puestos a disposición de la Justicia, que define las sanciones. Pero sin presencia efectiva en el mar, el control se vuelve insuficiente.
Otro concepto que aparece en la discusión es el de “economía azul”, que engloba actividades vinculadas al aprovechamiento sostenible de los recursos marinos. En este campo, Uruguay también muestra rezagos. Actualmente no cuenta con un buque propio de investigación científica, lo que limita la generación de conocimiento sobre su ecosistema marino. Estudios clave, como los vinculados a especies migratorias o zonas de veda, dependen en parte de cooperación internacional.
Esto tiene implicancias directas en la planificación pesquera, la protección ambiental y el desarrollo de nuevas actividades económicas.
En la región, países como Brasil y Chile han avanzado en el desarrollo de políticas marítimas más robustas, con control efectivo de sus aguas y estrategias de explotación de recursos.
En contraste, en Uruguay el tema aparece poco en la agenda política. Incluso documentos estratégicos de largo plazo, como la planificación hacia 2050, apenas mencionan el espacio marítimo, pese a que se estima que aporta alrededor del 6% del Producto Interno Bruto.
Para Viera, existe una desconexión entre el sistema político y la dimensión marítima del país, en gran medida por desconocimiento. Esto se refleja también en el sistema educativo y en la escasa presencia del tema en la vida cotidiana.
Mientras tanto, Uruguay continúa desaprovechando un espacio que podría generar desarrollo económico, empleo y mayor soberanía.
El desafío, coinciden los especialistas, pasa por cambiar la mirada, es decir, dejar de ver el mar como un límite o un espacio recreativo, y empezar a integrarlo como un componente estratégico del país.
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