El ministro de Economía, Gabriel Oddone, cuestionó los cambios que introdujo la oposición en el proyecto de reforma de la Caja de Profesionales, aprobada la semana pasada en Diputados.
Según dijo ante la comisión del Senado que tiene a estudios el proyecto de ley, el nuevo esquema “no representa una solución de fondo” y no asegura que la caja pueda cumplir sus pagos este año.
El proyecto eliminó los aumentos de aportes para activos y pasivos, y se basa en transferencias desde Rentas Generales, préstamos con garantía estatal, aumento del costo de timbres y ajustes en edad de retiro y cálculo jubilatorio.
Oddone alertó que, si el texto se aprueba así, “en dos meses estaremos discutiendo lo mismo”. Reclamó reabrir el debate sobre aportes de los beneficiarios y definir “en qué proporción” se repartirán las cargas entre el Estado y los afiliados para estabilizar la Caja.
El ministro sostuvo que en el proyecto original del Poder Ejecutivo, los beneficiarios de la Caja contribuyen con el 70% de la solución a lo largo del tiempo, y el resto de los ciudadanos con el 30%.
El presidente de la Caja de Profesionales Universitarios, Daniel Alza, coincidió con el ministro de Economía en que el proyecto de ley aprobado en Diputados no alcanza para garantizar la sostenibilidad del sistema.
El economista, analista y consultor, José Licandro, se refirió en Informativo Carve del Mediodía a los planteado por este proyecto y a la viabilidad de este sistema.
Licando afirmó que la Caja “se autofundió” al otorgar durante años beneficios por encima de lo previsto constitucionalmente, financiados con sus reservas, y sin realizar los ajustes necesarios cuando la relación entre activos y pasivos aún era favorable.
“Hubo una pésima gestión de sus directivas, elegidas en su mayoría por los propios afiliados. No se puede ahora pedir al resto de la sociedad —que en muchos casos tiene ingresos menores— que asuma las consecuencias de un modelo insostenible”, sostuvo.
Para el economista el esquema actual tiene características de un sistema piramidal. “Los aportes nunca alcanzaron para cubrir las prestaciones, y eso solo se sostenía mientras ingresaban nuevos afiliados”, señaló.
Además, cuestionó la estrategia política de “patear para adelante” la solución del problema, y criticó tanto al oficialismo como a la oposición por haber rechazado propuestas similares cuando eran gobiernos o estaban en minoría.
“Esto no cierra porque se gastaron las reservas y no se ajustaron los parámetros. Pretender que lo pague el Estado es una injusticia con el resto de los contribuyentes, y también un fraude intergeneracional”, advirtió.
Licandro sostuvo que incluso en el proyecto del Poder Ejecutivo, que distribuía el esfuerzo entre activos, pasivos y el Estado, se preveía ya un tercio del financiamiento a cargo del conjunto de la sociedad. “Pero lo que vino después, con más carga sobre Rentas Generales y sin tocar los aportes ni las jubilaciones más altas, agrava la inequidad”, señaló.
Con el sistema financiero de la Caja al borde del colapso y el debate centrado ahora en el Senado, tanto el gobierno como especialistas y autoridades del propio organismo reclaman decisiones estructurales que aseguren su viabilidad, y eviten trasladar el costo a toda la sociedad.
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