El colectivo Todos Pertenecemos, integrado por unas 200 familias con niños autistas en edad escolar, advirtió que un número significativo de alumnos con discapacidad no comenzará el año lectivo en condiciones adecuadas debido a la falta de asistentes personales.
Actualmente hay más de 7.000 personas en lista de espera para acceder a este apoyo, y alrededor del 80% son menores de edad. Algunas familias aguardan desde 2021.
Desde el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) informaron que unas 7.000 personas ya cuentan con asistente y reconocieron que la demanda creció con fuerza desde 2022, mientras que el ritmo de incorporaciones resulta insuficiente.
Eliana Moreira, integrante del colectivo, afirmó en diálogo con Informativo Carve de Fin de Semana que “un gran porcentaje de alumnos en situación de discapacidad lamentablemente no comienzan las clases” este lunes. En algunos casos, señaló, los niños no fueron aceptados por instituciones educativas; en otros, comenzarán sin el acompañamiento necesario.
“El rol del asistente personal es exclusivamente de atención hacia el alumno. Sin esa figura no podrían absorber los aprendizajes ni cubrir sus necesidades básicas de alimentación e higiene”, explicó.
Ante la falta de asignación estatal, muchas familias dejan de trabajar para cumplir ese rol. “Estamos hablando de un salario de aproximadamente 30.000 pesos más aportes. Para una familia de bajos recursos es inviable”, sostuvo.
Moreira rechazó que el problema responda a falta de recursos humanos. “Existe prácticamente la misma cantidad de asistentes sin trabajo que de personas esperando”, aseguró. También afirmó que el presupuesto ya fue asignado y cuestionó la demora en la ejecución.
El colectivo ha mantenido reuniones con autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), del Mides y del Banco de Previsión Social (BPS), organismo que abona el salario de los asistentes. Sin embargo, aseguran que no hubo avances concretos.
Entre las propuestas presentadas, mencionaron la incorporación de estudiantes de Trabajo Social como pasantes para reforzar las cuadrillas de evaluación y la automatización del otorgamiento del asistente en casos donde ya existe un baremo aplicado para solicitar pensión por invalidez.
Si bien la situación se registra en todo el país, en el área metropolitana la espera es mayor. Más del 50% de las personas en lista residen allí y solo una cuadrilla, integrada por dos personas, realiza las evaluaciones en la zona, según indicó Moreira.
El colectivo también denunció una situación en la Escuela Nº 63 de Lavalleja, en Montevideo, donde, según afirmaron, se resolvió agrupar en una misma clase a ocho niños con distintas discapacidades y edades.
“Fue una completa segregación”, señaló Moreira. La decisión fue denunciada y las autoridades educativas estarían analizando el caso.
El colectivo trabaja con un equipo de abogados para iniciar una demanda contra el Estado y prevé realizar una movilización en el marco del 2 de abril, Día Internacional de Concientización sobre el Autismo. “Hay niños que pasan más de la mitad de su vida esperando un asistente que nunca llega. La inclusión no puede ser solo un discurso; tiene que garantizarse en la práctica”, dijo Moreira.
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