El economista Diego Aboal analizó la evolución de los principales indicadores de criminalidad en Uruguay, a partir de los datos del Ministerio del Interior y la reciente encuesta de victimización publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En diálogo con Informativo Carve de Cierre, Aboal advirtió que el país atraviesa un proceso de cambios en los patrones delictivos, con una fuerte incidencia del narcotráfico en los homicidios y un incremento explosivo de las estafas a través de medios tecnológicos.
Según explicó, Uruguay mantuvo entre 1985 y 2010 tasas de homicidios bajas y estables (en el entorno de seis o siete por cada 100.000 habitantes), equivalentes a unos 200 asesinatos por año. Sin embargo, a partir de 2011 comenzó una escalada que alcanzó un pico en 2018 con 12 homicidios cada 100.000 personas, es decir, más de 400 casos anuales. “Esa cifra se ha mantenido relativamente estable desde entonces, en torno a los 11 por cada 100.000. El país duplicó su nivel histórico y hoy ya no está entre los más seguros de América Latina”, señaló.
Aboal subrayó que alrededor de uno de cada cinco homicidios está vinculado al narcotráfico y que casi la mitad de las víctimas son jóvenes de entre 18 y 38 años. “Ahí está la luz de alerta principal. La violencia se concentra en personas muy jóvenes”, dijo.
En contraste, los delitos contra la propiedad muestran una evolución más favorable. Los hurtos y rapiñas crecieron de forma sostenida hasta 2018-2019, pero desde entonces han caído entre un 25% y un 50%, volviendo a niveles similares a los de 2013. “No todo es negativo, hay una tendencia positiva en esos delitos”, destacó el economista.
No obstante, alertó sobre el aumento exponencial de las estafas, que pasaron de 39 denuncias cada 100.000 habitantes en 2013 a 870 en 2024, multiplicándose por más de veinte. “El crimen ha mutado: ya no necesariamente ocurre en la calle, sino a través de medios tecnológicos. La estafa es hoy el tercer delito más denunciado del país, detrás del hurto y la violencia doméstica”, precisó.
Aboal también llamó la atención sobre el bajo nivel de denuncias. Según la encuesta de victimización del INE, solo tres de cada diez robos o estafas llegan a notificarse ante la Policía, lo que implica que las cifras oficiales podrían representar apenas una parte del fenómeno real.
Finalmente, comparó la situación actual con la de 1985, cuando Uruguay tenía 1.800 personas privadas de libertad. “Hoy esa cifra es casi ocho veces mayor. Son dos países muy distintos: el Uruguay de los 80 y 90, con poca violencia, y el del siglo XXI, donde el narcotráfico se instaló como un problema estructural”, concluyó.
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