Un reciente estudio divulgado por el diario El Observador reveló que el 49% de los uruguayos considera que la educación sexual debe ser obligatoria en la educación primaria, un dato que reabre el debate sobre el rol del sistema educativo y las familias en la formación de niños, niñas y adolescentes en esta materia.
Para la profesora Alejandra López Gómez, coordinadora del Programa de Género y Salud Reproductiva y Sexualidades de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, los resultados reflejan una demanda social que desde hace décadas se manifiesta tanto en el ámbito académico como en las familias.
“Sabemos que esto es una necesidad y una demanda que expresan mayoritariamente las familias. Muchas veces los adultos no se sienten preparados para abordar estos temas con sus hijos y necesitan una alianza fuerte con los centros educativos”, afirmó.
López subrayó que la educación sexual integral no es una opción, sino un derecho humano reconocido en instrumentos internacionales y en la normativa nacional. En ese sentido, señaló que el Estado tiene la obligación de garantizar su acceso a través del sistema educativo.
“No estamos hablando de un privilegio, sino de un derecho. El Estado debe ofrecer educación sexual de calidad, basada en evidencia, desde la educación inicial hasta el bachillerato”, sostuvo.
La especialista explicó que esta formación no debe ser vista como una responsabilidad exclusiva de las escuelas o de las familias, sino como una tarea compartida.
“Muchas veces se plantea como una disyuntiva: o la familia o la escuela. En realidad es la familia y la escuela, junto con la comunidad. Es un proceso colaborativo”, indicó.
Uruguay cuenta con más de 100 años de historia en la incorporación de la educación sexual en el sistema educativo, aunque ese proceso ha estado marcado por avances y retrocesos. “El país tiene un acumulado importante, pero ha funcionado con una dinámica de impulso y freno. El desafío es consolidar una política que trascienda los períodos de gobierno”, explicó López.
Actualmente, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) trabaja en el desarrollo de una política nacional de educación sexual integral que abarque todas las etapas del desarrollo.
La educación sexual integral no se limita a aspectos biológicos o reproductivos. Según la especialista, incluye dimensiones emocionales, sociales, culturales y de derechos.
Entre los temas que aborda se encuentran prevención de la violencia y el abuso sexual, salud mental y bienestar emocional, relaciones afectivas saludables, prevención de embarazos no intencionales, violencia de género, explotación sexual infantil, y uso seguro de entornos digitales.
“La educación sexual está fuertemente conectada con la salud mental, la prevención de la violencia y el desarrollo integral de las personas”, explicó.
Uno de los principales desafíos actuales es el rol de internet y las redes sociales en la formación de niños y adolescentes. “Hoy sabemos que los adolescentes buscan información sobre sexualidad en entornos digitales porque no siempre encuentran respuestas en otros espacios”, señaló López.
Esto refuerza, según la especialista, la necesidad de que los centros educativos ofrezcan información confiable y acompañamiento adecuado.
La académica destacó que Uruguay tiene condiciones favorables para consolidar una política sólida en esta área y convertirse en referente regional. “Es un país con enorme potencial para ser modelo en educación sexual integral, pero necesita sostener una política clara y continua”, afirmó.
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