La nueva integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) habló en Infamativo Carve del Mediodía sobre el rol del organismo, la denuncia ambiental por las prospecciones sísmicas y la necesidad de transformar los compromisos internacionales en políticas públicas concretas. También confirmó que retomará la búsqueda de detenidos desaparecidos.
La doctora Mariana Mota asumió la semana pasada como integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), un organismo que enfrenta desafíos sensibles. Uno ellos, que tomó estado público esta semana, fue un oficio dirigido al Ministerio de Ambiente, en el que se solicitó la suspensión inmediata de las autorizaciones ambientales vinculadas a la prospección sísmica en aguas uruguayas.
Mota aclaró que ese documento fue emitido antes de su ingreso a la institución y que el Ministerio ya había respondido indicando que aún no se había otorgado ninguna autorización, ya que el proceso está en una etapa previa. “En realidad no se llegó a esa etapa, se adelantó a una etapa eventual”, explicó. De todas formas, aprovechó para detallar cómo funciona el procedimiento ambiental, que incluye estudios de impacto, propuestas de mitigación, observaciones técnicas y audiencias públicas obligatorias para los proyectos de mayor impacto.
Mota también recordó que la INDDHH no tiene poder coactivo. “Lo que hace es recomendar”, subrayó, pero insistió en que esas recomendaciones están fundamentadas en un análisis técnico desde una perspectiva de derechos humanos. “Eso le da un peso específico, aunque no sean vinculantes como una sentencia judicial”, agregó.
Consultada sobre el alcance real de la institución, Mota enfatizó que es un organismo autónomo de los tres poderes del Estado, creado por la ley 18.446, y con base en los principios impulsados por Naciones Unidas. Su rol es vigilar el cumplimiento interno de los compromisos internacionales asumidos por Uruguay en materia de derechos humanos.
“Los Estados muchas veces se comprometen hacia afuera, pero no necesariamente eso se traduce hacia adentro”, señaló. La función de la institución es entonces verificar que los derechos reconocidos (desde la infancia hasta la libertad de expresión, el ambiente sano o la no discriminación) se concreten en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas.
Uno de los temas centrales en la trayectoria pública de Mota ha sido su trabajo en causas vinculadas a delitos cometidos durante la dictadura, tanto como jueza como en funciones anteriores dentro de la INDDHH. En esta nueva etapa, confirmó que volverá a estar a cargo de la búsqueda de personas detenidas desaparecidas.
Recordó que esta tarea fue asumida por la Institución a partir de una ley de 2019, y que comenzó a implementarse en 2020. “Es un trabajo arduo, con muchas aristas”, dijo, que implica tanto la recolección de testimonios y documentación como el desarrollo de hipótesis de investigación concretas.
Sobre episodios como la reciente denuncia falsa en instalaciones de la Armada, Mota fue clara, y dijo que “no es la primera vez que ocurre. Hay información falsa con intencionalidad o sin ella. Por eso hay que contrastar todo con datos y contexto”.
Además de los temas vinculados al pasado reciente, Mota planteó en su asunción la necesidad de ampliar la agenda de derechos humanos hacia problemáticas actuales como la infancia pobre, las personas en situación de calle, la violencia de género, la situación carcelaria o la población afrodescendiente.
“La protección de derechos debe ser parte de una política de Estado, más allá de los gobiernos de turno. Porque son problemas estructurales, cuya solución lleva tiempo y necesita acuerdos duraderos”, argumentó. En ese sentido, insistió en que la Institución está dispuesta a colaborar en el análisis de las políticas públicas “desde una mirada de derechos humanos” y a garantizar que esas políticas se traduzcan en cambios concretos en la vida de las personas.
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