A tres décadas de la puesta en marcha del sistema de AFAP en Uruguay, el ahorro previsional vuelve a ser un tema central en la agenda pública. En el marco del diálogo social impulsado por el gobierno, y tras el plebiscito de 2024 que rechazó cambios estructurales, resurgen las discusiones sobre el rol de las administradoras privadas, los riesgos de eventuales modificaciones y el futuro del sistema jubilatorio.
El economista Ignacio Munyo, director ejecutivo de Ceres, advirtió que este aniversario marca “un cambio sustancial” en la forma de financiar las jubilaciones. Desde 1996, una parte de los aportes de los trabajadores se canaliza hacia cuentas individuales administradas por AFAP, generando un ahorro personal que se acumula e invierte a lo largo del tiempo.
Munyo sostuvo que la creación del sistema respondió a un problema estructural, que es el envejecimiento de la población y la menor cantidad de trabajadores activos por jubilado. En ese contexto, el ahorro individual complementa al régimen tradicional del Banco de Previsión Social (BPS), basado en la solidaridad intergeneracional.
Según explicó, este esquema también incidió en la credibilidad macroeconómica del país. “Fue un factor fundamental para que Uruguay alcanzara el grado inversor en 1998”, señaló, al mejorar las perspectivas fiscales frente al creciente gasto en jubilaciones.
El sistema, además, sobrevivió a distintos gobiernos y reformas, incluida la de 2023, que volvió a poner bajo análisis la sostenibilidad de la seguridad social. Posteriormente, el rechazo en el plebiscito de 2024 a eliminar el pilar privado reforzó, según Munyo, el respaldo ciudadano a este modelo mixto.
Pese a ese antecedente, el diálogo social reabrió el debate. Entre las propuestas en análisis, aparece una alternativa que no elimina las AFAP, pero sí plantea que las cuentas individuales pasen a ser gestionadas por el Estado, manteniendo la inversión de los fondos en manos privadas.
Para Munyo, este cambio implicaría una “estatización parcial” del sistema. Actualmente, las AFAP no solo invierten los fondos, sino que también administran las cuentas, informan a los afiliados y compiten entre sí.
“El riesgo es que se corte una función clave: el resguardo del ahorro”, afirmó. Según su visión, trasladar la gestión al Estado podría generar incentivos a utilizar esos fondos para otros fines, en un contexto de presión fiscal.
El economista advirtió que, aunque la propuesta pueda parecer “inocua”, podría derivar en una transformación más profunda del sistema en el mediano plazo.
Entre los posibles impactos, mencionó la pérdida de empleos en el sector privado vinculado a las AFAP
La desaparición de la competencia entre administradoras, y un eventual control total del Estado sobre los fondos previsionales.
Además, subrayó que actualmente una parte significativa de los ahorros ya se invierte en deuda pública uruguaya, pero bajo decisiones de gestores privados y con posibilidad de elección por parte de los afiliados.
“Es muy distinto a que esos fondos estén directamente en manos del Estado con discrecionalidad para su uso”, enfatizó.
La discusión sobre las AFAP forma parte de un paquete más amplio de propuestas del diálogo social, que incluye temas como primera infancia, sistema de cuidados y políticas para adultos mayores, todos con impacto en el gasto público.
En ese escenario, Munyo llamó a analizar con cautela los cambios: “Son temas complejos y de enorme relevancia para el futuro del país”.
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