Las declaraciones del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, sobre la posibilidad de habilitar la participación de pequeños inversores en empresas públicas reabrieron el debate sobre el rol del mercado de capitales en Uruguay y generaron reacciones encontradas, especialmente desde los sindicatos.
Sánchez planteó la idea a título personal, donde mencionó como ejemplo la eventual apertura para que ahorristas puedan invertir en empresas como Antel. La propuesta despertó críticas de sindicatos de empresas públicas, que advierten sobre riesgos de privatización, pero también respaldos desde el ámbito económico.
En diálogo con Informativo Carve, el economista Ignacio Munyo consideró que el planteo es “una noticia muy positiva” y que la discusión sobre la participación de capital privado minoritario en empresas públicas lleva más de una década sobre la mesa.
Munyo señaló que incluso la Ley de Urgente Consideración del gobierno anterior incluía un artículo (285) que habilitaba que sociedades anónimas vinculadas a empresas públicas pudieran emitir acciones u obligaciones negociables en el mercado de capitales, siempre manteniendo el control estatal.
“Se discutió, incluso fue parte del referéndum, pero nunca se concretó porque no hubo voluntad política de avanzar”, afirmó.
Según el analista, uno de los principales beneficios de esta estrategia sería el desarrollo del mercado de capitales uruguayo, que hoy es considerado pequeño y poco profundo.
“Está demostrado que los países con mercados de capitales más desarrollados tienen mejores resultados económicos. En Uruguay hay pocas empresas cotizando y eso limita el acceso al financiamiento”, explicó.
A su juicio, las empresas públicas podrían convertirse en el motor de ese desarrollo, ya que concentran proyectos de gran escala y valor económico.
Además, señaló que existe ahorro uruguayo suficiente para financiar este tipo de inversiones. “Hay miles de millones de dólares de uruguayos colocados en el exterior. Cada vez que hay una emisión local se agota rápidamente. Hay ahorro disponible para financiar inversiones de las empresas del Estado”, sostuvo.
Munyo subrayó que la salida al mercado implicaría también un cambio en la forma de gestionar las empresas públicas. Explicó que, a diferencia de un crédito bancario, que queda entre la empresa y el banco, emitir instrumentos financieros obliga a divulgar información y justificar las inversiones ante el público.
“Ese proceso en sí mismo es muy valioso porque obliga a presentar información, defender las inversiones y someterlas al escrutinio público. Es una auditoría abierta”, afirmó.
En ese sentido, sostuvo que la participación de accionistas minoritarios también genera mayor monitoreo ciudadano sobre la gestión. “Cuando alguien compra aunque sea 100 dólares de una empresa, pasa a sentirse parte y a exigir información. Eso fortalece el control sobre la administración”, señaló.
El economista mencionó como antecedente el parque eólico Valentines, vinculado a UTE, donde se emitieron participaciones que fueron adquiridas por pequeños inversores locales.
Según explicó, en ese caso se permitió a ahorristas comprar participaciones desde montos bajos y participar en asambleas de accionistas, con reportes periódicos sobre la marcha del proyecto y distribución de dividendos. “Fue un éxito. Hubo gente que invirtió desde 100 dólares y hasta hoy participan en las asambleas y reciben información sobre la empresa”, relató.
La discusión también despertó reparos desde el ámbito sindical. Dirigentes de Antel y de otros entes públicos expresaron su preocupación por la posibilidad de que la apertura accionaria termine habilitando la entrada de grandes empresas privadas.
Uno de los escenarios planteados es que inversores internacionales puedan comprar acciones que originalmente fueron adquiridas por pequeños ahorristas.
Munyo relativizó ese riesgo y sostuvo que se trata de hipótesis que no necesariamente se materializan. “Siempre se pueden construir escenarios negativos, pero la experiencia internacional muestra que estos mecanismos suelen fortalecer a las empresas públicas”, afirmó.
El economista también explicó que, desde el punto de vista jurídico, los entes autónomos no pueden emitir acciones directamente porque no son sociedades comerciales.
Sin embargo, indicó que existen mecanismos alternativos, como fideicomisos financieros o sociedades anónimas vinculadas a las empresas públicas, que sí pueden acceder al mercado.
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