El nuevo presidente de la Caja de Profesionales Universitarios, el odontólogo Andrés Pérez, aseguró que la institución no es deficitaria, denunció que sus recursos financian a otros organismos del Estado y advirtió que los aumentos de aportes ya están empujando a miles de afiliados al no ejercicio.
En diálogo con Informativo Carve del Mediodía, Pérez defendió la legitimidad de su designación pese a la baja participación electoral y planteó una agenda centrada en la situación de los llamados “cincuentones”, el impacto del aumento de aportes y el destino de los recursos del sistema.
Pérez, afiliado con 28 años de aportes, relativizó los cuestionamientos a la votación, que alcanzó al 8,4% de los activos y al 20% de los pasivos. Recordó que la elección se realizó con un único local en Montevideo, en horario laboral y sin facilidades como las que existen en las elecciones nacionales. “Comparar esos números con una elección nacional es desconocer el contexto”, sostuvo.
El nuevo presidente explicó que su llegada a la conducción de la Caja está directamente vinculada a la agenda del grupo denominado “cincuentones”, integrado por profesionales nacidos entre 1967 y 1972, que, según afirmó, fueron particularmente perjudicados por las reformas previsionales. “Es como correr una maratón y que te corran la meta cuando faltan 300 metros”, graficó.
Uno de los ejes centrales de su planteo fue el aumento de los aportes profesionales. Pérez cuestionó el discurso oficial que habla de incrementos marginales. Según detalló, profesionales en quinta y sexta categoría pasaron a pagar casi un 50% más en tres años, entre 2023 y 2026.
“Se dice que el aporte sube 2%, pero cuando uno mira los números reales, ve que el aumento es brutal. La realidad mata el relato”, afirmó. A modo de ejemplo, indicó que un profesional que pagaba alrededor de 19.600 pesos en 2023 hoy supera los 29.000, y que en categorías superiores el incremento es aún mayor.
Este aumento, advirtió, ya está teniendo consecuencias, debido a que entre un 7% y un 8,5% de los afiliados se declararon en no ejercicio o bajaron de categoría tras los primeros ajustes. “Y lo que viene puede ser peor”, alertó, señalando que muchos profesionales cercanos a la jubilación optarán por dejar de aportar.
Pérez sostuvo que la Caja de Profesionales no tiene déficit estructural, sino que sus recursos se desvían hacia otros organismos del Estado. Señaló que el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) que pagan los profesionales se destina al BPS y que los timbres profesionales, concebidos como aporte patronal, no ingresan efectivamente a la Caja.
“Es como pagar el alquiler del vecino y después no tener plata para pagar el propio”, ejemplificó. Según estimó, a lo largo de los años la Caja habría transferido cientos de millones de dólares a otros sistemas, dinero que hoy falta para sostener el equilibrio financiero.
En ese sentido, anunció que buscará reuniones con el Ministerio de Trabajo y con el de Economía para presentar estos números y reclamar que los recursos generados por los profesionales vuelvan al sistema que los origina.
El presidente de la Caja también rechazó la idea de que los profesionales tengan jubilaciones de privilegio. Citó datos de 2022 que muestran que la mayoría de los pasivos de la Caja Profesional cobra menos de 100.000 pesos, y que solo dos personas superaban los 150.000 pesos mensuales.
En comparación, señaló que en la Caja Bancaria existe un porcentaje significativamente mayor de jubilaciones altas. “Hablar de una casta privilegiada no se sostiene con los datos”, afirmó.
Pérez adelantó que el nuevo directorio comenzará a trabajar formalmente esta semana, tras recibir la documentación de la gestión saliente, y que participará en la comisión de expertos que analiza posibles cambios al sistema. Si bien reconoció que muchas decisiones ya están definidas por ley, sostuvo que aún hay margen para corregir inequidades y “decir las cosas como son”.
“El Estado tiene los medios y la obligación de reparar el daño de una situación que él mismo ayudó a crear”, enfatizó.
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