El senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, confirmó que su partido respaldará la creación de una comisión investigadora bicameral sobre el caso Cardama, cuyo tratamiento será definido por la Asamblea General. No obstante, criticó con dureza la centralidad que el tema ha adquirido en la agenda política y sostuvo que el gobierno debería priorizar la seguridad pública.
La decisión de avanzar con una investigadora conjunta de diputados y senadores busca encauzar una disputa institucional que la semana pasada enfrentó a ambas cámaras sobre el ámbito adecuado para analizar el caso.
En entrevista con Informativo Carve del Mediodía, Ojeda señaló que la iniciativa de crear una comisión bicameral surgió del propio Partido Colorado como forma de ordenar el proceso de investigación. “Estamos para ayudar en que esto tenga el mejor camino del mundo”, afirmó.
Sin embargo, expresó dudas sobre la viabilidad de la investigación si el gobierno mantiene la información bajo reserva. “Cuando la investigadora pida los contratos o los informes, ¿le van a decir que es reservado? ¿Cómo va a investigar?”, cuestionó.
En ese sentido, reclamó acceso a los informes jurídicos que habrían fundamentado la rescisión contractual vinculada al caso Cardama y advirtió que decisiones tomadas sin respaldo legal podrían derivar en consecuencias penales.
El legislador estableció un paralelismo con el caso del exvicepresidente Raúl Sendic, condenado por abuso de funciones. Según explicó, en aquel caso la Justicia consideró determinante el apartamiento de los informes jurídicos.
“Si hay un apartamiento de los informes jurídicos tomado de forma política y en perjuicio del Estado, eso hoy es catalogado como abuso de funciones”, afirmó.
Ojeda sostuvo que una rescisión contractual sin fundamento legal podría perjudicar económicamente al Estado uruguayo y derivar en responsabilidades para los jerarcas involucrados.
Más allá de respaldar la investigadora, el senador cuestionó que el caso ocupe un lugar central en la agenda política. Según dijo, el énfasis en este tema contrasta con la situación de seguridad pública.
“No es admisible que el tema central de agenda sea Cardama cuando se acumulan decenas de muertos por asesinatos”, afirmó.
Ojeda sostuvo que la inseguridad es hoy la principal preocupación ciudadana y criticó lo que considera una falta de respuesta del gobierno.
“Pasó un año y me cuesta ver qué se hizo en materia de seguridad. No hay un plan claro ni medidas concretas”, señaló.
También cuestionó la ausencia de proyectos legislativos impulsados por el Ministerio del Interior y reclamó mayor presencia policial, especialmente en zonas afectadas por el narcotráfico.
Consultado sobre otras posibles comisiones investigadoras, como la vinculada a la compra de la estancia María Dolores, Ojeda sostuvo que su partido mantiene una postura favorable a investigar.
“Cada vez que se propone investigar, salvo que haya algo que lo impida, decimos que sí. Está bien que se investiguen cuestiones que afectan el gasto del Estado”, indicó.
En ese sentido, cuestionó las prioridades presupuestales del gobierno, señalando que se destinaron recursos a la compra de campos mientras existen necesidades en áreas como seguridad y justicia.
El senador también se refirió al pedido de información realizado por la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) sobre su declaración jurada. Ojeda afirmó que colaborará con el organismo y negó irregularidades.
“No hay nada para esconder. Cuando tenga la información que se me requiere, la agregaremos o explicaremos si hace falta”, aseguró.
No obstante, criticó el procedimiento del organismo y sugirió que existe una intención de persecución política.
La Asamblea General fue convocada con el objetivo de formalizar la creación de la comisión investigadora bicameral sobre el caso Cardama. Ojeda estimó que no habrá un debate extenso, dado que el acuerdo entre los partidos ya está encaminado.
El legislador reiteró que su partido apoyará la investigación, aunque insistió en que el foco político debería estar puesto en los problemas actuales del país, especialmente la seguridad.
“El gobierno tiene que reaccionar y poner la seguridad como prioridad. Hoy es el principal reclamo de la gente”, concluyó.
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