El colectivo Asamblea Mar Libre de Petroleras y la asociación civil Socobioma presentaron una medida cautelar de no innovar para detener las actividades vinculadas a la exploración petrolera offshore en Uruguay. El planteo fue presentado ante la Justicia Civil de Montevideo y patrocinado por el abogado Pedro Riera, quien explicó los fundamentos jurídicos y ambientales de la solicitud.
La acción busca frenar cualquier avance de las campañas de prospección sísmica, la tecnología utilizada por las empresas para obtener información del subsuelo marino mediante detonaciones de alta intensidad. Según Riera, se trata de impactos que “pueden alcanzar entre 230 y 260 decibeles cada seis segundos”, con potenciales consecuencias para la fauna marina.
En la ronda licitatoria de 2019, ANCAP suscribió siete contratos de exploración y explotación offshore, y cuatro contratos multicliente de prospección sísmica en la zona económica exclusiva. Sobre esos acuerdos se dirige la acción judicial, que apunta a que sean declarados nulos.
“Todo contrato firmado por el Estado que vaya en contra del orden público ambiental es nulo de pleno derecho”, sostuvo Riera. La presentación se realizó como medida cautelar previa a un juicio ordinario que buscará esa declaración de nulidad.
El recurso ingresó al Juzgado Letrado Civil de 8º Turno, a cargo del juez Federico Tobía. El abogado explicó que solicitaron una audiencia “urgente y bilateral”, para que puedan comparecer tanto ANCAP como las empresas privadas.
Riera señaló que, sin una medida cautelar, las actividades podrían comenzar mientras el juicio de fondo, que podría extenderse por años, sigue su curso. “La cautela viene a proteger el proceso. Si no se dicta ahora, la prospección sísmica puede iniciar y terminar”, agregó.
Riera detalló tres ejes principales: Contratos sociomentalmente disfuncionales (plantea que acuerdos que habiliten actividades contaminantes del agua o el suelo pueden ser declarados nulos); Violación de la Ley de Santuario de Ballenas y Delfines (la norma declara santuario el mar territorial y la Zona Económica Exclusiva, prohibiendo actividades que generen molestias o riesgos para estas especies. Según Riera, la prospección sísmica constituye esa “molestia intencional” por el daño posible); Abuso del derecho (Plantea que, aun siendo lícita, la actividad se realiza “con exceso”, dado el impacto ambiental frente a la baja probabilidad de éxito exploratorio).
El abogado recordó que Uruguay ya tuvo campaña de sísmica entre 2012 y 2017, pero ninguna requirió autorización ambiental previa, porque la normativa no lo exigía. “Hoy sí se necesita, pero el Ministerio de Ambiente aún no se expidió. No tenemos un estudio concluyente de impacto, pero sí evidencia internacional sobre los daños”, afirmó.
También mencionó varamientos y muertes de ballenas en temporadas pasadas. “El principio de precaución obliga a adoptar la medida más protectora incluso ante incertidumbre científica”, añadió.
Riera sostuvo que el país debe discutir si quiere avanzar hacia una industria petrolera tras haber transformado su matriz energética y en pleno compromiso con metas climáticas. “Seguimos poniendo al ser humano en el centro. ¿Y la naturaleza? ¿El océano? Sin naturaleza no hay vida posible”, dijo.
Ante el argumento de que un hallazgo petrolero podría significar ingresos millonarios, como ocurre en modelos como el noruego, respondió que esa lógica “pertenece a discusiones de hace 20 o 30 años”, y que Uruguay tiene otras alternativas de desarrollo sostenible, como el hidrógeno verde.
Riera aclaró que, aunque en la práctica ambas cosas se parecen, la cautelar no pide prohibir definitivamente la prospección, sino suspenderla hasta que la Justicia decida sobre la validez de los contratos. “No hay diferencia en el efecto inmediato, pero jurídicamente es distinto”, matizó.
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