En mayo, la Junta Departamental de Montevideo aprobó una actualización del Inventario Patrimonial, con el objetivo de revertir procesos de degradación en el entorno urbano y fortalecer la protección de ciertos bienes históricos.
Días después, un grupo de casi 1.500 personas presentó un recurso ante la Cámara de Representantes para impugnar el decreto. Afirman que deja fuera de protección a una serie de inmuebles relevantes, lo que habilitaría su demolición.
La presentación fue impulsada por colectivos como Patrimonio Activo, que desde hace años denuncian omisiones en los inventarios y demoliciones de edificios con valor patrimonial. Entre otros ejemplos, señalan el caso reciente de un inmueble en 18 de Julio, demolido pese a haber contado con protección cautelar
Escuchá la entrevista al arquitecto Augusto Alcalde, secretario de la organización Patrimonio Activo y exdirector de Catastro.
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