El Banco Central (BCU) puso en consulta de las instituciones sujetas a su supervisión, como bancos, emisores de dinero electrónico, entre otros, así como también del público en general, un proyecto normativo que introduce modificaciones en materia de obligaciones para los emisores de instrumentos electrónicos con el objetivo de proteger a los usuarios ante la detección de nuevas modalidades de estafas.
El proyecto incorpora un punto a la Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero, en su artículo 364 (medidas que permitan garantizar razonablemente la seguridad del sistema en que opera el instrumento), “que extiende la obligación de los emisores actualmente vigente de aplicar un doble factor de autenticación a las transferencias o pagos a terceros realizados desde una cuenta bancaria, a las transferencias a cuentas propias del usuario en otra institución y a las solicitudes de préstamos que fueran realizadas en forma no presencial”.
El objetivo es que los usuarios tengan un doble factor de autenticación también cuando se realizan transferencias a cuentas propias del usuario en otra institución y cuando realice solicitudes de préstamos online.
La directora ejecutiva de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU), Bárbara Mainzer, dijo a Informativo Carve del Mediodía que esta medida, denominada “doble factor de autenticación” permite a la persona aumentar la seguridad de su cuenta, ante las nuevas modalidades de estafa, que también van cambiando todo el tiempo.
“El delincuente en este tipo de casos tiene que hacer no solamente el usuario y la contraseña, sino también el segundo factor de autenticación. Todas las instituciones financieras cada vez tienen más herramientas para proteger, no solo el perímetro bancario, sino también al usuario”, resaltó.
En cuanto al Programa Voluntario de Reestructura de Deudas, presentado por bancos y administradoras de crédito, Mainzer sostuvo que viene avanzando “muy bien”, con una buena recepción, y destacó que ya se han reestructurado o cancelado más de 195 mil deudas.
Este programa tiene el objetivo de regularizar la situación crediticia de más de 863.000 personas. Se trata de una iniciativa que surge a partir de un acuerdo entre la Asociación Nacional de Empresas Administradoras de Crédito (Aneac) y la Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU), y está dirigida específicamente a los uruguayos que se encuentran en la categoría de “deudores irrecuperables” del BCU.
El programa está pensado para deudas asumidas anteriores a 2022, de hasta cien mil pesos por institución. La reestructura es sobre el saldo de su deuda, tomando sólo el capital adeudado sin ningún tipo de interés, ni actualización, y refinanciarlo a tasa cero. Las personas tendrán la posibilidad de pagar la deuda en un plazo de hasta 48 cuotas fijas.
En tanto, en el caso de deudas menores a 5.000 pesos quedarán sin efecto, sin necesidad de realizar ningún trámite.
Sin embargo, Mainzer dijo que hubo una adhesión muy importante, aunque el 75% de las personas que pueden adherirse al programa aún no se enteraron. El mismo cierra el 15 de noviembre.
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