La ministra de Vivienda, Tamara Paseyro, anunció en el Parlamento modificaciones a la normativa para focalizar en la población objetivo original. El sector privado celebra la claridad de las reglas y espera que se agilicen trámites en Montevideo.
En el marco de las definiciones que los ministerios comenzaron a presentar de cara al próximo quinquenio, el Ministerio de Vivienda pondrá en marcha cambios a la ley de vivienda promovida, vigente desde 2011, con el objetivo de reforzar su foco en hogares de ingresos medios y medios bajos que enfrentan dificultades para acceder a una vivienda adecuada.
La ministra expuso ante la Comisión de Vivienda de Diputados, citada por el legislador nacionalista Juan Pablo Delgado, que los incentivos previstos en la ley se aplicarán priorizando ese público objetivo, tras años en los que, según señaló, también se impulsaron proyectos para sectores de ingresos más altos, alejándose de la finalidad original.
Entre las modificaciones se incluyen la unificación del régimen de subsidios con el Sistema Público de Vivienda; Limitación en la escala de los proyectos; Prioridad para desarrollos en suelo urbano con acceso a servicios, Ajustes en el uso de la garantía SIGA del plan “Entre Todos”; y participación directa del Ministerio en la vinculación entre desarrolladores y familias.
Paseyro explicó que, en caso de que la demanda supere la oferta de unidades, se realizará un sorteo y que, de no concretarse la colocación, las viviendas quedarán a disposición del desarrollador para su venta directa.
Desde el sector privado, Aníbal Durán, gerente ejecutivo de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (APPCU), valoró positivamente los cambios, y destacó que en las instancias de diálogo con el gobierno se “escuchó mucho” las propuestas de los empresarios.
Recordó que el plan “Entre Todos”, creado en 2022, ya incorporaba topes de precios para llegar a sectores de ingresos más bajos, y que recientemente se logró aumentar ese límite en Montevideo y Canelones para viabilizar proyectos.
Durán subrayó que la vivienda promovida sigue siendo clave en la actividad de la construcción privada, que actualmente emplea a 59.000 obreros directos, un récord histórico. Montevideo concentra el 50% de la vivienda promovida tradicional, seguida por Canelones (37%), Maldonado y Paysandú.
En cuanto a los desafíos, el dirigente insistió en la necesidad de agilizar los trámites de habilitación en Montevideo, ya que la lentitud histórica ha provocado la pérdida de inversiones. Según adelantó, la nueva administración municipal se comprometió a implementar medidas para acelerar la aprobación de permisos.
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