El Poder Ejecutivo envió al Parlamento el Proyecto de Ley de Empleo Integral, una iniciativa que busca mejorar el acceso al trabajo de personas con mayores dificultades de inserción en el mercado laboral. La propuesta implica una inversión anual de unos 10 millones de dólares y tiene como eje principal el otorgamiento de subsidios a las empresas para fomentar la contratación.
Según explicó en Informativo Carve de Cierre el gerente del Departamento de Asesoramiento Tributario y Legal de KPMG, Juan Manuel Mora, el proyecto introduce un cambio de enfoque respecto al régimen vigente, que hasta ahora ha tenido un impacto limitado.
El diagnóstico que fundamenta la iniciativa es que las herramientas actuales han sido poco utilizadas y no han logrado generar un impacto significativo.
Entre los datos más relevantes, Mora destacó que en 2025 hubo 648 contratos de primera experiencia laboral en el sector privado, 27 contratos bajo el programa “Yo Estudio y Trabajo” en el ámbito privado, poco más de 1.200 casos de trabajo protegido joven, y solo tres subsidios otorgados a personas con discapacidad.
Además, se observa una fuerte desigualdad territorial: la mayoría de las contrataciones se concentran en Montevideo, mientras que en el interior del país el uso de estos instrumentos es casi inexistente.
Una de las principales innovaciones del proyecto es que deja de centrarse en modalidades de contratación y pone el foco en los colectivos prioritarios.
La iniciativa identifica siete grupos con mayores dificultades de acceso al empleo. Estos son los jóvenes de entre 15 y 29 años, las jefas de hogar monoparentales, personas mayores de 50 años, personas afrodescendientes, personas privadas de libertad o liberadas, personas trans y personas con discapacidad.
En este sentido, Mora subrayó que, por ejemplo, si bien el desempleo en mayores de 50 años no es el más alto, sí enfrentan grandes dificultades para reinsertarse una vez que pierden su trabajo.
El corazón del proyecto es un sistema de subsidios salariales para las empresas que contraten trabajadores de estos colectivos. El beneficio consistirá en el pago de un porcentaje del salario, que variará entre el 25% y el 80%, según el grupo al que pertenezca la persona y su nivel de vulnerabilidad socioeconómica. El subsidio tendrá un tope de 3,7 BPC (unos 25.000 pesos mensuales).
A diferencia del sistema actual, no se trata de montos fijos, sino de un esquema más flexible y focalizado en cada caso.
El régimen estará abierto a empresas privadas y también incluirá algunos beneficios para el sector público. Para acceder, las empresas deberán estar al día con sus obligaciones ante BPS, DGI y el Ministerio de Trabajo, y no haber realizado despidos recientes.
El objetivo es evitar que los subsidios se utilicen para sustituir trabajadores previamente desvinculados. Los contratos tendrán una duración general de entre seis y doce meses, aunque se prevén excepciones para actividades zafrales, lo que introduce una mayor flexibilidad respecto al régimen vigente.
El proyecto también incorpora un componente fuerte de formación, con prioridad para estos colectivos en programas de capacitación como los de INEFOP y sistemas de certificación laboral.
Además, se establecen condiciones específicas para algunos grupos, como la prohibición de horarios rotativos en jóvenes y jefas de hogar monoparentales, buscando dar mayor estabilidad.
Desde el sector técnico se valora positivamente el proyecto, aunque se advierte que su éxito dependerá no solo de los incentivos económicos, sino también de su implementación.
En particular, Mora señaló que será clave simplificar los trámites, una de las principales críticas al sistema actual, y desarrollar una fuerte campaña de difusión para que las empresas conozcan las herramientas disponibles.
El proyecto ahora deberá ser analizado en el Parlamento y, en caso de ser aprobado, reglamentado por el Poder Ejecutivo para definir su funcionamiento operativo.
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