Desde el 1 de febrero comenzó a regir el Decreto 329/025, que modifica criterios de evaluación y beneficios fiscales para los proyectos de inversión promovidos por la COMAP. En un contexto donde Uruguay necesita elevar su nivel de inversión productiva, estos cambios traen novedades relevantes para empresas de distintos tamaños y sectores.
La COMAP (Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones) es el organismo encargado de regular y aplicar los beneficios fiscales previstos en la Ley de Inversiones (vigente desde 1998). Esta herramienta permite a las empresas autofinanciar sus inversiones recuperando parte de lo invertido a través de deducciones sobre sus impuestos futuros.
Para acceder al régimen, las empresas deben ser contribuyentes del IRAE (Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas), y generar ingresos gravados por ese impuesto.
Quedan fuera, por ejemplo, empresas que optan por tributar bajo otros regímenes, como IMEBA en el caso agropecuario, salvo que cambien su situación fiscal.
Una novedad importante del decreto es la inclusión de beneficios adicionales para empresas medianas de hasta 50 empleados, con un incremento de 10 puntos porcentuales en el porcentaje de recuperación de la inversión.
El régimen promueve inversiones en bienes de activo fijo necesarios para el proyecto, como maquinaria y equipos, obras civiles (por ejemplo, infraestructura productiva) y equipamiento tecnológico.
El nuevo decreto exige que estas inversiones justifiquen claramente su aporte al objetivo del proyecto, lo que representa un control más riguroso respecto a normas anteriores.
También se incorporan activos novedosos como activos biológicos (reproductores bovinos y ovinos, embriones para mejoras genéticas), ampliando el universo de inversiones promovidas.
Los proyectos aprobados pueden acceder a beneficios como deducciones de IRAE, exoneraciones de impuesto al patrimonio, recuperación de IVA compras (incluyendo obras civiles), y exoneración de tributos a la importación de bienes no competitivos.
En el caso de empresas ubicadas en parques industriales o tecnológicos, también se prevé la exoneración de aportes patronales al BPS por empleados que trabajen dentro del parque.
Para recibir los beneficios, las empresas deben comprometerse con una matriz de indicadores que será parte del plan de negocios. Entre los principales se encuentran generación de empleo, especialmente formal y de calidad, aumento de exportaciones, descentralización geográfica, con incentivo para invertir fuera de Montevideo, innovación y desarrollo tecnológico, sostenibilidad ambiental, con más peso que en decretos previos, y promoción de sectores estratégicos y uso de bienes y materiales nacionales.
Además, el decreto otorga puntaje adicional por la contratación de colectivos vulnerables como jóvenes, mujeres y personas con discapacidad.
La contadora Patricia Lombardi, especialista en proyectos de inversión, destacó en Informativo Carve del Mediodía que la planificación es la clave del éxito. “Preparar un proyecto lleva entre uno y dos meses. Es fundamental anticiparse, analizar bien la situación fiscal de la empresa y estructurar el plan con tiempo para maximizar los beneficios”, resaltó.
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