El director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina, Marco Lavagna, presentó su renuncia en las últimas horas, en medio de una fuerte controversia por la metodología utilizada para medir la inflación y tras una orden del Ministerio de Economía de retroceder en la aplicación de un nuevo sistema de cálculo.
Lavagna llevaba seis años al frente del organismo estadístico. A fines de 2025 se había anunciado que a partir de enero de 2026 comenzaría a regir una nueva metodología para medir la inflación, basada en una actualización de la canasta de consumo, incorporando mayor peso de los servicios y tarifas, en línea con los cambios en los hábitos de gasto de la población y con recomendaciones del Fondo Monetario Internacional.
Si bien el mes de enero había comenzado a medirse con este nuevo esquema, en la jornada del lunes Lavagna recibió la instrucción del ministro de Economía, Luis Caputo, de que el índice de inflación de enero se calcule finalmente con la metodología anterior, vigente desde 2004. Esta decisión implicaría un registro inflacionario menor.
Estimaciones privadas señalan que, con el nuevo método, la inflación de enero podría haber superado el 3%, incluso ubicarse en torno al 3,4%. Con el esquema previo, el dato oficial, que se conocerá el 10 de febrero, se ubicaría entre el 2% y el 2,4%.
Tras esta decisión, Lavagna optó por renunciar. El ahora exdirector del INDEC había estado al frente del organismo durante el gobierno de Alberto Fernández y había sido ratificado en el cargo por la actual administración de Javier Milei, siendo valorado por su rol en la recuperación de la credibilidad del instituto.
La reacción de los mercados fue inmediata. Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registraron caídas de hasta 13%, el riesgo país volvió a superar los 500 puntos, cerrando en 504, y el Índice Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires retrocedió alrededor de un 2,5%.
Analistas económicos advierten que el episodio afecta la confianza en las estadísticas oficiales y representa una señal negativa para los mercados y los organismos internacionales, en un contexto en el que la credibilidad institucional resulta clave para la política económica argentina.
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