Corren las 48 horas reglamentarias para la conformación de la comisión preinvestigadora en la Cámara de Senadores por el caso del astillero Cardama, instancia solicitada por el Frente Amplio para analizar presuntas irregularidades en el proceso de contratación y posterior rescisión del acuerdo para la construcción de patrulleras oceánicas.
El senador frenteamplista Sebastián Sabini, impulsor de la iniciativa, explicó en Informativo Carve del Mediodía que el mecanismo previsto en el reglamento establece que, tras la presentación de la solicitud, la presidenta de la Asamblea General debe conformar una comisión preinvestigadora integrada por tres miembros. Esta tendrá la tarea de determinar si existen fundamentos suficientes para avanzar hacia una comisión investigadora formal.
“El Estado uruguayo cumplió con los compromisos contraídos, pero la empresa Cardama no lo hizo”, afirmó Sabini, y señaló que uno de los elementos centrales fue la no renovación de una garantía que impedía su ejecución. A esto se suman, según indicó, una serie de irregularidades vinculadas al proceso constructivo, los plazos y la colaboración de la empresa con auditorías.
Entre los puntos mencionados, Sabini señaló la aprobación de documentación técnica clave antes de que fuera presentada formalmente por el astillero, así como incumplimientos en hitos fundamentales del proyecto, como la instalación de la quilla en una de las embarcaciones y del motor en otra. También cuestionó la falta de entrega de información durante auditorías, incluyendo documentación sobre la compra de motores y generadores.
El senador sostuvo que la rescisión del contrato por parte del Estado se realizó conforme a derecho, pero consideró que el Parlamento debe investigar el proceso para determinar responsabilidades políticas y garantizar la transparencia.
Sabini explicó que la investigación propuesta contempla un periodo amplio que se remonta a 2014, cuando el Senado aprobó por unanimidad la necesidad de adquirir patrulleras oceánicas para reforzar el control del mar territorial.
“El proceso comienza con esa definición estratégica y continúa con la firma del contrato, su ejecución y la posterior rescisión”, indicó el legislador. Según afirmó, las responsabilidades principales podrían estar vinculadas tanto a la firma como a la ejecución del contrato, que tuvieron lugar en el periodo de gobierno anterior.
El senador rechazó versiones que señalaban que el Frente Amplio no quería investigar determinadas etapas del proceso y aseguró que la fuerza política está dispuesta a analizar todos los antecedentes.
Sabini adelantó que la comisión investigadora, en caso de conformarse, convocará tanto a autoridades actuales como anteriores. Entre ellas, podría ser citado el senador Javier García, quien era ministro de Defensa cuando se firmó el contrato.
“Hay una serie de preguntas que tenemos donde nos puede ayudar a dilucidarlas”, señaló, aunque aclaró que la investigación no está dirigida contra personas específicas, sino que busca esclarecer responsabilidades y proteger los intereses del Estado.
El legislador explicó que las comisiones investigadoras no tienen un plazo fijo de funcionamiento, aunque adelantó que el Frente Amplio prevé un cronograma de trabajo con convocatorias específicas.
La preinvestigadora tiene plazo hasta este viernes a las 8:30 para expedirse. Si recomienda avanzar, el plenario del Senado deberá votar la creación de la comisión investigadora en la siguiente sesión ordinaria.
Sabini recordó además que este tipo de comisiones solo pueden funcionar durante los periodos ordinarios del Parlamento, por lo que su actividad comenzaría a partir del 1º de marzo.
En paralelo, el Partido Nacional evalúa impulsar una comisión investigadora similar en la Cámara de Diputados. Sabini afirmó que, de concretarse, el Frente Amplio no se opone a que se investigue en ambas cámaras.
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