El economista Salvador Ferrer, CEO de Nobilis y expresidente del Banco República, analizó los principales cambios impositivos incluidos en la ley de presupuesto que fue aprobada la semana pasada en el Senado, que será votada de forma definitiva el próximo lunes en Diputados, y que comenzará a regir a partir del 1 de enero.
En diálogo con Informativo Carve del Mediodía, Ferrer evaluó el impacto sobre los inversores, el rol del sistema financiero y los desafíos para desarrollar el mercado de capitales local.
Uno de los principales ajustes del proyecto presupuestal es la ampliación del alcance del IRPF para gravar los incrementos patrimoniales generados en el exterior, tanto en activos financieros como inmobiliarios.
Ferrer recordó que Uruguay históricamente aplicó un criterio de territorialidad, aunque ese principio comenzó a flexibilizarse en 2011 con la inclusión de rentas mobiliarias del exterior. La novedad ahora es que se gravarán también las ganancias de capital.
El borrador original preveía una tasa del 12%, pero el diálogo entre intermediarios financieros y el Ministerio de Economía derivó en una modificación importante, que derivó en establecer que esa tasa será del 8% para quienes administren sus inversiones a través de agentes regulados en Uruguay.
Quienes inviertan directamente en el exterior, sin un intermediario local, deberán tributar el 12% mediante declaración jurada.
Para Ferrer, esto constituye un incentivo razonable para fomentar el rol de los intermediarios nacionales y evitar que la normativa estimule la salida de capitales. “El Ministerio de Economía fue receptivo a la importancia de mantener el ahorro cerca del país y contribuir al desarrollo del mercado”, afirmó.
El economista consideró que la equiparación tributaria elimina el incentivo que existía por la vía de los hechos para colocar inversiones fuera del país. “Es natural que, si las rentas locales están gravadas, las exteriores también lo estén”, señaló.
Actualmente, desde Uruguay se administran cerca de US$ 80.000 millones de inversores residentes, cifra equivalente al PIB, y unos US$ 60.000 millones de no residentes. Para Ferrer, mantener parte de esos fondos en proximidad al mercado local aumenta la probabilidad de que se canalicen a proyectos productivos, aunque ese es “otro desafío” que excede al presupuesto.
El presupuesto también amplía las potestades del Banco Central, fortaleciendo la supervisión sobre actores y vehículos de inversión que hoy están parcialmente fuera del radar. Ferrer destacó esta medida en dos dimensiones, por un lado, la necesidad de proteger al ahorrista, tras episodios recientes de inversiones ganaderas u otros esquemas irregulares que dañaron la confianza, y, por otra parte, el propósito de impulsar el mercado de capitales, incluyendo instrumentos como emisiones simplificadas y plataformas de crowdfunding para pymes.
Aunque valoró estos avances, advirtió que Uruguay arrastra “30 años hablando del incipiente mercado de capitales” y que aún es necesario modernizar la normativa, por ejemplo en materia de fondos de inversión.
Consultado sobre la estrategia del gobierno de promover la desdolarización, Ferrer señaló que la historia de crisis cambiarias pesa fuerte en la conducta del ahorrista uruguayo. Sin embargo, consideró que la persistencia de una inflación baja y estable podría ayudar a reconstruir la confianza en la moneda local.
“En el largo plazo, el ahorro en pesos es más favorable, pero es comprensible la cautela del público después de experiencias traumáticas”, sostuvo.
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