La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, alertó sobre el alto número de personas fallecidas en accidentes de tránsito en Uruguay y planteó la necesidad de mejorar los tiempos de respuesta de las emergencias móviles, especialmente en zonas alejadas de centros urbanos.
Según indicó, mientras en países como España y Portugal el porcentaje de fallecidos en el lugar del siniestro ronda entre el 10% y el 30%, en Uruguay asciende al 66%, una diferencia que atribuyó a problemas en las derivaciones y en el sistema de atención de emergencias.
Sin embargo, el especialista en seguridad vial Manuel Da Fonte, integrante de la Asociación Nacional de Consumidores en Seguridad Vial, sostuvo que el problema es aún más grave en rutas nacionales. “En carreteras, el porcentaje de fallecidos en la escena está entre el 75% y el 80%”, afirmó en Informativo Carve del Mediodía.
Da Fonte explicó que el promedio nacional esconde realidades distintas. En zonas urbanas, el porcentaje de fallecidos en el lugar del siniestro se ubica en torno al 50%, debido a la mayor cercanía de centros de salud y disponibilidad de servicios de emergencia.
En cambio, en rutas, la situación empeora considerablemente por las distancias, la velocidad a la que viajaban los siniestrados y las dificultades para una respuesta rápida. A nivel internacional, señaló, el estándar en carreteras ronda el 50%, lo que evidencia el rezago de Uruguay.
“El dato de Uruguay muestra que no hay un buen sistema de asistencia médica en rutas”, afirmó.
El especialista apuntó a la falta de un sistema organizado de respuesta. Según explicó, el actual esquema, que se basa en servicios de emergencia públicos y privados, no logra cubrir todo el territorio ni garantizar tiempos adecuados.
“Se requiere planificación, financiamiento y coordinación. No puede depender de que las cosas funcionen solas”, sostuvo.
En ese sentido, planteó la posibilidad de fortalecer el rol de organismos como la Policía Caminera y la Dirección Nacional de Bomberos como primeros respondedores, con recursos y personal médico adecuados.
También advirtió sobre la ausencia de centros hospitalarios especializados en trauma en puntos estratégicos del país, lo que deriva en traslados de varias horas. “Se pierde la primera hora, que es clave para salvar vidas”, subrayó.
Más allá de la respuesta sanitaria, Da Fonte señaló que existen otros factores estructurales que inciden en la siniestralidad como vehículos inseguros. En esta línea, denunció que Uruguay mantiene una normativa aprobada en 2019 que aún no fue reglamentada, lo que permite la comercialización de vehículos sin estándares modernos de seguridad.
También señaló como un punto crítico la infraestructura vial deficiente. Destacó la falta de separación central en rutas y la presencia de obstáculos rígidos en los márgenes (columnas, alcantarillas, árboles), que agravan las consecuencias de los despistes.
En paralelo, sostuvo que otra problemática son las motos sin sistemas de seguridad. Recordó que la misma ley exige frenos ABS o CBS, pero tampoco se ha implementado.
Además, cuestionó el enfoque centrado en la conducta de los conductores, como distracciones o imprudencias, y consideró que se trata de una visión “tradicional” que no da resultados. “Se sigue culpando a la víctima. El foco debería estar en construir un sistema seguro que evite que la gente muera, incluso cuando comete errores”, afirmó.
En esa línea, señaló responsabilidades en distintos organismos, como el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Salud Pública y la Unidad Nacional de Seguridad Vial, por la falta de avances en la reglamentación y aplicación de medidas.
Da Fonte remarcó que la ley de tránsito aprobada en 2019, que incluye exigencias de seguridad para autos y motos, lleva seis años sin reglamentarse, a pesar de que Uruguay registra unas 500 muertes al año por siniestros de tránsito, además de miles de heridos.
“Es incomprensible e inadmisible que no se haya avanzado. Los distraídos no son los conductores, son las autoridades”, sostuvo.
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