La Justicia condenó al Ministerio del Interior a mejorar las condiciones de reclusión en bajar el hacinamiento en la cárcel de Santiago Vázquez (ex Comcar) luego de que el Sindicato de Trabajadores Penitenciarios (Sitrapen) y el exdirector de la cárcel de Punta de Rieles, Luis Parodi, presentaron un hábeas corpus correctivo respecto de las personas alojadas en este centro.
De acuerdo a esta medida, el Ministerio del Interior deberá realizar un informe técnico en 45 días que establezca la cantidad de funcionarios que necesita esa cárcel para funcionar adecuadamente.
También se intimó al Ministerio del Interior a que lleve adelante acciones que permitan bajar el hacinamiento de los módulos 3, 4, 8, 10, 7, 11 a “niveles tolerables en un plazo razonable”.
Además, se ordenó al Departamento de Arquitectura del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) que realice un informe técnico en un plazo de 90 días en el que se diagnostiquen los principales problemas edilicios de cada módulo del exComcar.
El sindicato apeló este lunes el fallo de la jueza Adriana Chamsarian para que se fijó plazos claros para la ejecución de las obras debido a que aplicó un criterio “subjetivo” al establecer que las mismas deben realizarse de acuerdo “a plazos razonables”, destacó en diálogo con Informativo Carve del Mediodía el presidente del Sitrapen, Germán Gutiérrez.
Los denunciantes destacan que existen carencias edilicias, falta de personal y hacinamiento extremo, lo que genera un “riesgo inminente para la salud, la integridad física y la vida de la población privada de libertad”.
También indican que se trata de la cárcel más grande del país, que actualmente cuenta con una población de unas 5.200 personas, donde hay una situación de violación a los derechos humanos, mucha violencia y pésimas condiciones de reclusión, a tal grado que 40% de las muertes violentas que suceden en el sistema penitenciario ocurren en exComcar.
Gutiérrez dijo que este gobierno tuvo “una impronta muy punitivista” y esto se refleja en que “el único refuerzo de personal” que hizo este gobierno en el actual quinquenio para el sistema carcelario fue la inclusión de 500 policías de cárceles a nivel nacional, es decir, veinte efectivos por unidad, a pesar de que ingresaron al sistema 4 mil reclusos.
En esta línea, aseguró que el gobierno no cumplió con la política de descentralización que había prometido en el documento “Compromiso por el país”, piedra angular de este Ejecutivo, firmado por todos los partidos políticos que integran la coalición, ya que redujo 50 cargos técnicos para crear cargos de oficial, que, en su criterio, “es lo que menos precisa” el cárceles son oficiales.
Contó que los operadores son gestores de convivencias y los técnicos son por ejemplo psicólogos o educadores, que realizan evaluaciones e informes técnicos para la Justicia. “Son tareas esenciales para mantener la convivencia dentro de un sistema penitenciario”, resaltó.
El sindicato reclama por una baja de hacinamiento en aquellos módulos más complejos, mejoras edilicias en toda la unidad y refuerzo de personal en base a un criterio técnico, que partirá de un informe del Ministerio del Interior respecto a la calidad necesitada para mantener el servicio.
En su informe el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, hace referencia al grado de violencia que hay particularmente dentro del Comcar, destaca que 43% de quienes cumplen su pena lo hacen en condiciones “crueles, inhumanas y degradantes”.
Este informe también destaca que en los últimos cinco años la población carcelaria en Uruguay creció a un ritmo de casi mil personas por año. A mediados de este año las cárceles uruguayas alojaban a más de 16 mil reclusos, es decir, una tasa de crecimiento de 7% estimada, con respecto a 2023. Sin embargo, los funcionarios no aumentan a un ritmo acorde.
Gutiérrez agregó que los rubros de inversión y gastos de funcionamiento se redujeron un 30 y 20% respectivamente.
A su vez, destacó que un fallo del comisionado parlamentario obligó al Estado a reforzar los rubros destinados a alimentación en el Comcar debido a que no se estaba pudiendo garantizar el alimento necesario. Esto quiere decir que no estaban recibiendo las cantidades de alimento necesarias o la calidad acorde para una buena alimentación.
Gutiérrez resaltó que únicamente en el Comcar hacen falta más de 1.200 plazas, y agregó que la mayor parte de las cárceles del país tiene “hacinamiento crítico”.
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