La directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, confirmó en Informativo Carve de Cierre que se alcanzó un acuerdo para destrabar el conflicto en la empresa Claldy, lo que permite desactivar las medidas sindicales que afectaban al sector lácteo desde agosto.
El entendimiento llegó tras semanas de negociación entre el Ministerio de Trabajo (MTSS), la Cámara de la Industria Láctea, la empresa, el PIT-CNT y la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL).
Barrios explicó que Claldy dejará sin efecto los ocho despidos que aún estaban en disputa, entre ellos el del trabajador que había iniciado una huelga de hambre, y que se modificará la causal para que esos empleados ingresen al seguro de desempleo por suspensión del contrato.
De los 32 trabajadores cesados originalmente, varios habían aceptado el despido. Quedaban ocho que reclamaban reinstalación.
La empresa, por su parte, se comprometió a no contratar nuevo personal ni alterar su plantilla, en línea con su argumento de dificultades económicas.
Se creará un ámbito tripartito, integrado por la cámara láctea, la empresa, la federación sindical y el ministerio, para buscar alternativas laborales para los ocho trabajadores, priorizando opciones en su zona de residencia y con condiciones similares a las que tenían.
El acuerdo permite levantar la carpa instalada por los trabajadores y, según Barrios, contribuirá a destrabar el Consejo de Salarios del sector, que estaba condicionado por el conflicto.
Consultada por la denuncia de “carácter antisindical”, Barrios aclaró que el MTSS no califica la conducta de las partes. Recordó que el caso está en investigación en la Inspección General de Trabajo y también fue judicializado, con un fallo inicial favorable a la empresa que el sindicato prevé apelar.
En cuanto a el proyecto para regular el preaviso en los despidos, tras casos recientes de cierres abruptos como el de la empresa Yazaki, indicó que la iniciativa se basa en la ratificación del Convenio 158 de la OIT, que Uruguay aún no ha adoptado, y que establece la necesidad de una causa justificada y de un preaviso razonable antes de un despido.
“No hablamos de un número de días”, aclaró Barrios, ya que el convenio no lo fija. Si avanza la ratificación, esos detalles podrían definirse luego en un decreto reglamentario.
El objetivo es evitar situaciones en las que los trabajadores quedan sin información, sin preaviso y sin garantías de cobro en procesos de cierre o reestructura. “Son momentos angustiantes y la falta de información suma incertidumbre”, señaló.
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