Una asociación civil de policías, que agrupa a 3.400 afiliados, reclama al sistema político uruguayo por una deuda que afecta a unos 18.000 a 20.000 efectivos a nivel nacional. Según explicó Pablo Regusci en Todo Un País, vocero del grupo, la deuda se originó por el incumplimiento en el pago de una compensación del 10% sobre retribuciones, establecida por las Leyes 16.320 y 16.333 y vigente entre 1993 y 2012. A pesar de que algunos policías ganaron juicios en su momento, la gran mayoría nunca fue resarcida. Ahora, al haber prescrito la vía judicial tras la derogación de las leyes en 2012, el colectivo apela al diálogo político para obtener una solución.
El vocero confirmó que han sido recibidos en el Parlamento por la comisión de Hacienda. Si bien la cifra total de la deuda real es «astronómica» según dijo Regusci, los policías están abiertos a negociar un resarcimiento «acorde a la situación», buscando principalmente beneficiar a aquellos retirados y jubilados en ese periodo, cuyas pensiones quedaron más «sumergidas». Regusci destacó que la organización tiene filiales activas en los 19 departamentos y está disponible para asesorar a cualquier efectivo o familiar afectado por este impago histórico.
