El Consejo de la Unión Europea aprobó este miércoles las cláusulas de salvaguardia que Francia venía reclamando para proteger a sus agricultores frente al acuerdo comercial con el Mercosur. La decisión fue adoptada unilateralmente por los 27 países miembro, sin consultar previamente al bloque sudamericano, y supone un nuevo giro en las negociaciones.
Según explicó el periodista Tomás Friedmann, especialista en asuntos internacionales, estas salvaguardias permiten que cualquier país o empresa europea pueda solicitar una investigación cuando considere que las importaciones desde los países del Mercosur, particularmente en productos sensibles como carne, soja, maíz, pollo o cerdo, afectan negativamente a sus productores.
La Comisión Europea deberá resolver esa investigación en un plazo de cuatro semanas y, si determina que existe “peligro” para los agricultores europeos, podrá suspender la aplicación del acuerdo en esos rubros.
El Mercosur aún no reaccionó de manera formal, aunque la presidencia pro témpore, que actualmente ocupa Brasil, realizó consultas a Bruselas. La respuesta de las autoridades europeas fue que la UE puede aprobar este tipo de salvaguardias de forma unilateral, como ya lo hizo en otros acuerdos comerciales.
A pesar del malestar, en Brasilia, Buenos Aires, Asunción y Montevideo predomina la posición de evitar cualquier apertura de la negociación. Los gobiernos del Mercosur consideran que, tras más de 20 años de idas y vueltas, una nueva postergación podría significar “enterrar” el acuerdo.
La apuesta del bloque es que el texto se apruebe el 20 de diciembre, en la última reunión del año, y que el tratado pueda empezar a implementarse en 2026 luego de pasar por el Parlamento Europeo y los parlamentos del Mercosur.
Aunque la UE aprobó las salvaguardias, Francia reiteró que no votará el texto actual del acuerdo. Si París se mantiene en esa postura, podría quedar fuera de la implementación, algo que Friedmann calificó como “extraño” para una de las principales potencias agrícolas y económicas del bloque.
Aun así, el acuerdo puede aprobarse si los países a favor representan al menos el 65% de la población europea, según las normas de la UE. En ese caso, el tratado se implementaría con 26 países —o incluso 25, si se suman otros opositores como Bélgica o Luxemburgo—.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, volverá a reunirse con Emmanuel Macron en los próximos días para intentar destrabar la posición francesa.
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