El Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el Instituto Nacional de Alimentación (INDA) y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), a través de su Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR), firmaron un acuerdo con el objetivo de fortalecer el derecho a la alimentación adecuada y promover la seguridad y soberanía alimentaria en Uruguay.
El director de Desarrollo Rural, Gabriel Ísola, explicó que el convenio permite “dar un paso más en un proceso que ya tiene tiempo” y que busca conectar la oferta de alimentos de la producción familiar con la demanda pública, garantizando canales de comercialización sostenidos y precios justos para los productores.
“Uruguay es un país productor y exportador de alimentos por excelencia, pero todavía tiene graves problemas de malnutrición en buena parte de la población, especialmente en la infancia”, señaló Ísola en diálogo con Informativo Carve del Mediodía. “Este acuerdo refuerza la articulación entre las políticas alimentarias y las políticas rurales”, añadió.
Entre los objetivos concretos del convenio se encuentra adecuar los mecanismos de compra del INDA para que los grupos y organizaciones de productores familiares puedan participar efectivamente de las licitaciones. Para eso, será necesario ajustar aspectos administrativos y logísticos que hoy limitan su acceso.
“Existen organizaciones habilitadas para participar en compras públicas, pero el marco normativo está subutilizado”, sostuvo el jerarca. “Queremos hacer efectiva esta herramienta y aprovechar el volumen de alimentos que adquiere el INDA para que más productores familiares puedan colocar su producción”, resaltó.
Ísola destacó que ya hay experiencias exitosas como la cooperativa que abastece con carne de cerdo al INDA y al sistema penitenciario, o el caso de Caluprocerd, en el rubro hortifrutícola. El objetivo, dijo, es replicar estos modelos en otros territorios y con más productos.
El acuerdo también busca estimular circuitos cortos de comercialización, acercando a los productores con los consumidores a través de centros de venta directa, y fortalecer la articulación con programas como el de alimentación escolar de ANEP, que procura aumentar el abastecimiento de alimentos frescos en las escuelas.
Además, Ísola recordó que esta iniciativa se enmarca en la implementación del Plan Nacional de Agricultura Familiar 2024-2028, elaborado con la participación de organizaciones rurales y aprobado a fines del año pasado. Ese plan consolida a la producción familiar “como sujeto de política pública” y “como una política de Estado”, señaló.
En materia presupuestal, el director indicó que la DGDR contará con recursos incrementales dentro del MGAP y retomará la ejecución de proyectos de cooperación internacional, en particular con el Banco Mundial, orientados a infraestructura hídrica y a inversiones vinculadas al Plan de Agricultura Familiar.
“Tenemos desafíos importantes, pero también un compromiso claro de seguir fortaleciendo las políticas de desarrollo rural y de garantizar que los alimentos producidos por nuestras familias rurales lleguen a las mesas de los uruguayos”, concluyó Ísola.
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