El economista Agustín Iturralde, director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), analizó el documento final del diálogo social presentado por el gobierno, y señaló que, si bien contiene propuestas valiosas en materia de infancia y cuidados, deja interrogantes importantes sobre su financiamiento y plantea riesgos en temas previsionales.
En entrevista con Informativo Carve del Mediodía, Iturralde sostuvo que el informe incluye “declaraciones de intención” pero pocos detalles concretos sobre cómo se implementarán las medidas. Entre los aspectos positivos mencionó iniciativas vinculadas a primera infancia, maternidad y paternidad, aunque remarcó que requieren recursos fiscales hoy escasos.
“Nos cansan los diagnósticos sobre pobreza infantil si después nadie quiere discutir de dónde salen los recursos”, afirmó, y planteó que para financiar nuevas políticas sociales será necesario revisar gastos estatales y estructuras públicas.
Uno de los puntos más cuestionados por Iturralde fue la propuesta de habilitar el retiro a los 60 años. A su juicio, resulta contradictoria con la realidad demográfica del país y con las tendencias internacionales. “No entendemos cómo se sostiene que tendría costo fiscal cero”, sostuvo. Según explicó, adelantar cinco años la jubilación implica no solo pagar pasividades antes de tiempo, sino también dejar de percibir aportes patronales y personales.
Además, indicó que en países desarrollados con mayor productividad, como Alemania, se discute elevar la edad de retiro a 69 o 70 años. “¿Qué descubrimos en Uruguay para hacer lo contrario?”, cuestionó.
Sobre las modificaciones planteadas para las AFAP, Iturralde consideró que no implican una estatización de los fondos previsionales, ya que se mantiene la capitalización individual, pero sí “una estatización de una parte del negocio” vinculado a la administración.
Entendió que el sistema actual funciona “razonablemente bien”, con rentabilidades adecuadas, y sostuvo que si se busca mejorar los resultados debería avanzarse en mayor libertad para invertir parte de los fondos en el exterior, diversificando riesgos y ampliando oportunidades de rentabilidad.
“La plata de los afiliados está muy atada a la suerte del Uruguay”, señaló.
Consultado sobre si estas propuestas contradicen el resultado del plebiscito de 2024, Iturralde respondió que en algunos aspectos sí, especialmente en lo referido a la edad de retiro. “Políticamente, el mensaje es que en algunos puntos se está violando lo laudado por la ciudadanía”, afirmó.
No obstante, insistió en que aún faltan detalles clave, especialmente sobre la viabilidad fiscal de permitir jubilaciones a los 60 años, tema que definió como el aspecto más preocupante del documento.
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