En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el último informe de la organización Reporteros sin Fronteras confirma un escenario preocupante, que es que la libertad de prensa atraviesa su peor momento en los últimos 25 años a nivel global.
Actualmente, más de la mitad de los países presentan condiciones “difíciles” o “muy graves” para ejercer el periodismo, mientras que menos del 1% de la población mundial vive en entornos considerados favorables. En este contexto, Uruguay aparece como una excepción relativa: subió 11 posiciones en el ranking 2026 y se ubica en el puesto 48, siendo el mejor posicionado de América Latina. Sin embargo, el país continúa catalogado como “problemático”.
El periodista e integrante del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, Fabián Werner, habló sobre este asunto con Informativo Carve de Fin de Semana, y explicó que el principal factor detrás del retroceso global es el avance de gobiernos autoritarios. “La mayor parte de la población vive en contextos autoritarios, y eso impacta directamente en las libertades y en la vigencia de los derechos”, señaló.
A esto se suma el rol de las plataformas digitales, que han amplificado la desinformación y habilitado ataques sistemáticos contra periodistas, muchas veces desde el anonimato. “El entorno digital se ha vuelto muy hostil”, advirtió.
Las restricciones al periodismo no siempre son explícitas. Según Werner, hoy operan formas más sutiles como campañas de desprestigio, acoso en redes y amenazas que, en muchos casos, escalan a violencia física.
En América Latina, la situación es especialmente crítica. Países como México, Honduras o Nicaragua presentan altos niveles de riesgo para el ejercicio periodístico, con casos de asesinatos y persecución.
Otro factor clave es la fragilidad económica de los medios. “Es cada vez más difícil sostener la independencia”, afirmó Werner, señalando que esto alimenta el discurso de desprestigio hacia el periodismo.
La concentración de medios en grandes conglomerados también limita la diversidad y autonomía informativa, consolidando un escenario estructuralmente débil.
A nivel regional, Uruguay mejora en el ranking en parte por el deterioro de otros países. Casos como Costa Rica, que cayó 30 posiciones, reflejan un cambio de tendencia. También se registran situaciones preocupantes en Argentina, El Salvador, Nicaragua, Venezuela, Cuba, Ecuador y Perú, donde confluyen gobiernos hostiles, violencia y crimen organizado.
Si bien Uruguay avanzó en el ranking, la mejora en puntaje fue leve. “Sube más por la caída de otros países que por avances propios”, explicó Werner.
Entre las principales alertas se encuentran una ley de medios cuestionada por organismos internacionales, dificultades en el acceso a la información pública, cierre de medios y despidos de periodistas y problemas en medios públicos.
Aun así, destacó una señal positiva, que es que en el último año no se registraron denuncias de presiones directas a periodistas.
El informe anual de CAINFO muestra un aumento de casos, pasando de 51 a 56. Sin embargo, por primera vez el Estado no es el principal agresor. De los 56 casos, 23 involucran actores estatales y el resto corresponde a actores privados o no identificados.
Las redes sociales, lejos de fortalecer el periodismo, están contribuyendo a su debilitamiento como canales de desinformación.
En paralelo, la inteligencia artificial presenta oportunidades —como mejorar la verificación— pero también riesgos, como la proliferación de deepfakes y campañas de manipulación más sofisticadas.
Por otro lado, Werner advirtió que el acceso a la información pública en Uruguay “no está funcionando como debería”. La normativa vigente, de 2010, requiere actualización para alinearse con estándares internacionales. Entre los cambios necesarios, se plantea fortalecer el órgano de control y limitar el uso arbitrario de excepciones por parte de organismos públicos.
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