El caso de la anestesista condenada por homicidio culposo y a quien la ministra de Salud, Cristina Lustemberg, le redujo la sanción de inhabilitación para ejercer como médica de cinco a tres años, continúa teniendo repercusiones.
La decisión de Lustemberg generó una crisis que derivó en la renuncia de varios miembros de la Comisión Honoraria de Salud Pública, órgano que impuso el castigo original de cinco años.
El senador nacionalista Martín Lema convocó nuevamente a la ministra al Parlamento para dar explicaciones.
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