Escuchá la entrevista con el presidente del sindicato de la Guardia Republicana, Carlos Piedra.
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La Unión de Policías de la Guardia Republicana (UPGR) reclamó la renuncia del ministro del Interior, Carlos Negro, al sostener que perdió la confianza de los efectivos policiales y que la actual conducción de la cartera ha improvisado en materia de seguridad.
En entrevista con Informativo Carve del Mediodía, el presidente del sindicato, Carlos Piedra, afirmó que el ministro “ha estado mal asesorado” desde el inicio de la gestión, y cuestionó la designación de jerarcas policiales, al tiempo que vinculó los recientes cambios en la Jefatura de Policía de Montevideo y en la Dirección de la Guardia Republicana con errores en esas decisiones.
Piedra aseguró que el incremento de los homicidios y los recientes ataques contra efectivos policiales reflejan un deterioro de la situación de seguridad. En ese sentido, calificó como un “atentado contra la Policía” el episodio en el que dos funcionarios resultaron heridos de bala, uno de ellos de gravedad.
El dirigente también denunció carencias en el equipamiento policial. Sostuvo que aún no se concretó la entrega de nuevos chalecos antibalas anunciada por el Ministerio del Interior y afirmó que existen funcionarios que trabajan con chalecos vencidos, deteriorados o de talles inadecuados. Además, señaló que unidades especializadas, como la K9, carecen de equipamiento básico para desarrollar sus tareas.
Respecto al uso de vehículos blindados del Ejército en operativos policiales, la UPGR respaldó la incorporación de este tipo de recursos, aunque cuestionó la forma en que se implementará la medida. Piedra sostuvo que estos vehículos fueron diseñados para el transporte de personal en situaciones de alta conflictividad y no para tareas de patrullaje cotidiano. También criticó que se difundieran públicamente detalles de los operativos, al considerar que esa información favorece a la delincuencia.
El presidente del sindicato afirmó además que existe un clima de presión interna sobre los efectivos y denunció sanciones arbitrarias y amenazas de traslados dentro de la Policía Nacional.
La organización anunció que prepara nuevas denuncias administrativas y advirtió que, si no obtiene respuestas de las autoridades, profundizará las medidas de protesta para reclamar mejores condiciones de trabajo y mayor protección para los funcionarios policiales.
