El economista jefe del Centro de Estudios para el Desarrollo, Ramiro Correa, se refirió en Informativo Carve de Cierre a las conclusiones del informe presentado por el CED, que sostiene que el Estado creció más rápido que la capacidad de la economía para sostenerlo y sin traducir ese aumento del gasto en mejores resultados para la ciudadanía.
Según explicó, la presión fiscal, es decir, lo que el Estado recauda mediante impuestos, tarifas y contribuciones en relación al PBI, pasó a ubicarse en 2025 en 27,1% del producto, mientras que el gasto público ronda el 31% del PBI. Esa diferencia, señaló, es una de las causas del déficit fiscal persistente y del aumento proyectado de la deuda pública.
Correa sostuvo que Uruguay quedó “a mitad de camino” entre América Latina y los países desarrollados, ya que recauda y gasta bastante más que el promedio regional, aunque sin alcanzar niveles de calidad de servicios comparables a los de economías avanzadas.
El informe compara a Uruguay con países de la OCDE y con Chile. Mientras la presión fiscal promedio en América Latina ronda el 21,5% del PBI y en Chile cerca del 20%, Uruguay supera ampliamente esos niveles y se aproxima más al promedio de la OCDE, que se ubica en torno al 34%.
El economista aclaró que no se trata de una crisis inmediata, pero sí de una “luz naranja” para las finanzas públicas, especialmente en un contexto de bajo crecimiento económico. Recordó que Uruguay crece desde hace una década aproximadamente al 1% anual y vinculó esa situación con la escasa inversión privada y la elevada carga fiscal.
En ese sentido, argumentó que las grandes inversiones que llegaron al país en los últimos años necesitaron exoneraciones tributarias, tarifas especiales o infraestructura financiada por el Estado, lo que, a su juicio, confirma que las condiciones generales de competitividad no resultan suficientemente atractivas.
Otro de los puntos centrales del informe es la rigidez del gasto público. Correa explicó que alrededor del 83% del gasto primario está comprometido en jubilaciones, transferencias sociales y salarios públicos, lo que deja poco margen para ajustes sin afectar áreas sensibles.
Según planteó, cuando las cuentas públicas se deterioran, la variable de ajuste suele ser la inversión en infraestructura, algo que considera perjudicial para la productividad y el crecimiento de largo plazo.
El economista adelantó además que el CED trabaja en una segunda etapa del estudio, prevista para 2027, que incluirá propuestas concretas de reforma y reducción del tamaño del sector público.
Correa sostuvo que, desde la visión del centro de estudios, el problema no puede resolverse solamente moderando el crecimiento del gasto, sino que requerirá una reducción del peso del Estado.
El informe también cuestiona la eficiencia del gasto en áreas como educación y seguridad. Según señaló, Uruguay destina proporcionalmente más recursos que Chile a ambos sectores, pero presenta peores indicadores educativos y mayores tasas de homicidios.
En educación, mencionó los bajos niveles de egreso de secundaria y los malos resultados en pruebas internacionales como PISA. En seguridad, remarcó que la tasa de homicidios uruguaya duplica la chilena y supera ampliamente la de países europeos, pese a que el presupuesto destinado al área es relativamente alto.
Para Correa, esas diferencias muestran que el debate no pasa únicamente por cuánto gasta el Estado, sino también por cómo se utilizan esos recursos y qué resultados concretos generan.
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