El diputado del Frente Amplio, Alejandro Zavala, se refirió en Informativo Carve del Mediodía a la polémica que tiene como protagonista al presidente Yamandú Orsi por la compra de una camioneta Hyundai Santa Fe días antes de asumir el gobierno. Aseguró que espera “tener toda la información sobre la mesa” antes de emitir una valoración definitiva.
Al mismo tiempo, confirmó que el oficialismo trabaja en un proyecto para modificar el artículo 74 de la Ley de Urgente Consideración (LUC), al entender que provocó un fuerte aumento del encarcelamiento de mujeres por intentar ingresar pequeñas cantidades de droga a cárceles.
Zavala reconoció que el gobierno atraviesa un contexto complejo marcado por “restricciones económicas”, una desaceleración internacional y problemas domésticos vinculados a la seguridad. “Es un segundo año de gobierno con complicaciones evidentes en lo que tiene que ver con las restricciones económicas”, afirmó. A su vez, señaló que el impacto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el conflicto en Ucrania y la reciente escalada en Medio Oriente, “encareció el precio del petróleo”.
Consultado por la situación política del gobierno y la polémica en torno al vehículo del presidente, Zavala sostuvo que “confía” en Orsi y prefirió esperar la respuesta oficial al pedido de informes presentado por el diputado colorado Felipe Schipani. “Partiendo de la base de que obviamente confío en Yamandú”, dijo el legislador, quien agregó que “la información hasta ahora es incompleta”.
Sobre el uso de vehículos de determinadas marcas por parte de los presidentes, Zavala relativizó el tema y recordó antecedentes de otros mandatarios. “La decisión de qué auto usar siempre ha estado en manos del presidente”, señaló.
El diputado también se refirió a la caída en la aprobación del gobierno reflejada en las encuestas y admitió que existe malestar dentro del propio electorado frenteamplista. “Creo que tiene que ver con las expectativas y con los tiempos que tiene la gestión del gobierno”, sostuvo.
A su entender, además, existe una “desconexión” entre la ciudadanía y el sistema político en general. “Hay una insatisfacción general con la política. La gente espera más acercamientos y menos confrontación”, expresó.
Por otra parte, habló sobre el proyecto que impulsa, que tiene por objetivo modificar el artículo 74 de la LUC, que endureció las penas para quienes intentan ingresar drogas a las cárceles. El legislador explicó que la ley aplicada en la administración pasada elevó la pena mínima de dos a cuatro años y que eso tuvo un impacto directo sobre las mujeres privadas de libertad. “Antes de la LUC había 700 mujeres presas y ahora estamos en 1.400”, indicó.
La iniciativa propone volver al mínimo de dos años y además considerar estos casos como tentativa de delito cuando la droga es interceptada antes de ingresar al establecimiento penitenciario. Eso permitiría al juez aplicar medidas alternativas a la prisión.
“Hoy tenemos mujeres presas por dos gramos de marihuana”, afirmó. Según explicó, muchas de ellas son jefas de hogar y actúan bajo presión de familiares o entornos vinculados al narcotráfico. A su vez, aseguró que “en general, no son las que proveen droga para la comercialización dentro de la cárcel”.
Zavala subrayó además que actualmente hay 68 niños viviendo en prisión junto a sus madres. “¿Cómo puede ser que no encontremos una alternativa para que esas mujeres no terminen presas?”, cuestionó.
La propuesta se encuentra en la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados. Zavala adelantó que en las próximas semanas comenzarán a recibir delegaciones, entre ellas a la directora del INR, Ana Juanche, y al excomisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, actual director de la Institución Nacional de Derechos Humanos.
El legislador señaló también que existen conversaciones con sectores de la oposición para avanzar en una solución. Recordó incluso que durante el período pasado legisladores de la coalición intentaron introducir cambios similares.
En otro tramo de la entrevista, Zavala respaldó el planteo del equipo económico respecto a la necesidad de mantener restricciones presupuestales. “El gobierno tiene prioridades claras: primera infancia, pobreza y seguridad”, sostuvo.
Reconoció, sin embargo, que dentro del Frente Amplio existirán presiones para ampliar recursos en distintas áreas durante la discusión parlamentaria de la Rendición de Cuentas. “Las demandas están planteadas y seguramente haya pedidos de más presupuesto”, admitió.
También mencionó que el Parlamento espera recibir un paquete de medidas económicas orientadas a estimular el crecimiento y facilitar inversiones y exportaciones.
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