El diputado del Partido Colorado, Maximiliano Campo, impulsa un proyecto de ley para regular y restringir el uso de celulares y otros dispositivos electrónicos en centros educativos, una iniciativa que ya comenzó a discutirse en la Comisión de Educación del Parlamento y que apunta a establecer una política nacional sobre el tema.
La propuesta plantea prohibir el uso de celulares durante todo el horario escolar y liceal, salvo excepciones vinculadas a motivos de salud, discapacidad o actividades pedagógicas específicas. Según explicó el legislador, la intención es enfrentar un problema que, afirmó, afecta la atención en clase, la convivencia entre estudiantes y la salud mental de niños y adolescentes.
“Estamos todos de acuerdo en que hay un gran problema. Uruguay está segundo a nivel internacional en distracción con celulares según estudios vinculados a las pruebas PISA”, sostuvo Campo en entrevista con Informativo Carve del Mediodía.
El diputado señaló que el proyecto comenzó a ser analizado formalmente tras más de un año de presentado y que la comisión convocará a autoridades de la educación, especialistas y representantes de instituciones que ya aplican restricciones al uso de celulares.
Entre ellos mencionó experiencias como la del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y el Plan Ceibal, además de liceos públicos y colegios privados que implementaron medidas de control de dispositivos.
Campo afirmó que el sistema educativo uruguayo “ha dejado librada la regulación a cada centro educativo” y cuestionó que no exista una política general respaldada legalmente. “El sistema educativo debe cambiar y queremos darle respaldo institucional y legal. No alcanza con que cada centro haga lo que quiera”, indicó.
El legislador explicó que el proyecto no establece un único mecanismo de aplicación, aunque mencionó distintos modelos que ya funcionan en Uruguay y en otros países.
Entre ellos aparecen las fundas magnéticas que bloquean el acceso al celular durante la jornada, el depósito de dispositivos en cajas al ingreso de clase o la obligación de mantenerlos apagados dentro de las mochilas.
Campo sostuvo que el objetivo principal no es solo educativo, sino también cultural y sanitario. “El gran cambio del siglo XXI es la universalización de los dispositivos electrónicos personales y tenemos que enfrentarlo y regularlo”, expresó.
En ese sentido, insistió en que la iniciativa busca también generar campañas de concientización para familias y docentes sobre el uso crítico de la tecnología y los riesgos del consumo excesivo de pantallas.
Debate sobre prohibición y autonomía docente
Durante la entrevista surgió el debate sobre si es necesaria una ley nacional o si basta con que cada docente o director establezca reglas dentro del aula.
Campo defendió la necesidad de legislar y argumentó que muchos docentes enfrentan dificultades para hacer cumplir restricciones sin respaldo institucional.
“Hay miles de videos filmados dentro de clases y subidos a TikTok. Muchos docentes sienten que no tienen herramientas ni apoyo para enfrentar esto”, afirmó.
El diputado también cuestionó la postura de autoridades educativas que plantean una regulación más flexible y no una prohibición general.
Según explicó, el desafío será construir consensos políticos y técnicos que permitan aprobar una norma aplicable en todo el país.
Campo aseguró que ha conversado sobre el proyecto con legisladores de distintos partidos y que existe disposición favorable en sectores del Partido Nacional, Cabildo Abierto y el Partido Independiente.
Además, destacó que medidas similares ya fueron adoptadas en países como Francia, Brasil, Corea del Sur y Australia. “Esto no tiene signo político. Gobiernos de izquierda, de derecha y de centro están tomando medidas similares porque consideran que hay un problema real”, sostuvo.
El proyecto continuará ahora su tratamiento en comisión con nuevas comparecencias de autoridades educativas, docentes y especialistas.
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