La firma del préstamo por 130 millones de dólares entre OSE y CAF para financiar la represa sobre el arroyo Casupá reavivó las críticas de vecinos y productores de la zona afectada, que cuestionan el proyecto, advierten por impactos ambientales y productivos y reclaman mayor información por parte de las autoridades.
El gobierno considera la obra clave para reforzar el abastecimiento de agua potable del área metropolitana, especialmente en momentos de crisis hídrica, y luego de la que afectó al país en 2023. Sin embargo, productores rurales de la zona sostienen que el proyecto fue mal evaluado y que provocará perjuicios económicos y sociales de gran magnitud.
Álvaro Rivadavia, productor de la zona y uno de los voceros del grupo de vecinos que se opone a la iniciativa, explicó en Informativo Carve de Cierre que la represa afectaría directamente a unas 90 familias de productores pequeños y medianos ubicados entre los departamentos de Florida y Lavalleja.
“El arroyo Casupá es un arroyo muy poco caudaloso, con muchas picadas y prácticamente un solo puente en todo su recorrido”, señaló, al describir las características de la zona donde se prevé levantar el embalse.
Rivadavia afirmó que los vecinos comprenden la necesidad de garantizar agua potable para Montevideo y el área metropolitana, pero consideran que Casupá “no es la solución adecuada”. “Estamos convencidos de que la represa sobre el arroyo Casupá no resuelve el problema del agua potable y que el gobierno, sobre todo OSE, lo tiene mal evaluado”, sostuvo.
Según indicó, el principal cuestionamiento técnico radica en el tamaño de la cuenca. “Se quiere construir el lago más grande del país sobre una cuenca de apenas 62 o 63 mil hectáreas. La cuenca del Santa Lucía Chico, donde está Paso Severino, tiene 250 mil hectáreas”, comparó.
Los productores sostienen que el impacto no se limita a las áreas inundadas por el embalse, sino que afecta la viabilidad económica de los establecimientos rurales.
Rivadavia explicó que muchas explotaciones quedarían divididas por el lago artificial y perderían conectividad entre ambas márgenes, lo que complicaría el traslado de animales y el funcionamiento cotidiano de los predios. “Nos van a dejar instalados en la zona pero sin viabilidad económica, y eso es peor que el destierro”, afirmó.
También señaló que los campos remanentes perderían valor ganadero y quedarían orientados únicamente a la forestación, actividad que, según indicó, no es viable para pequeños productores.
En ese marco, algunos vecinos plantearon incluso la posibilidad de que el Estado expropie la totalidad de los padrones afectados y contemple compensaciones por lucro cesante.
Los vecinos cuestionan además la falta de instancias de diálogo directo con autoridades de primer nivel. Según Rivadavia, hasta ahora solo han mantenido reuniones con funcionarios técnicos y asistentes sociales, pero no con responsables políticos de la toma de decisiones. “Necesitamos información de calidad. Las autoridades han esquivado el bulto”, afirmó.
También criticó una visita del ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, a quien acusó de no responder preguntas concretas sobre impactos ambientales, caminos rurales, acceso al agua para el ganado y circulación entre predios.
Entre otras preocupaciones, los vecinos mencionan la afectación de monte nativo, posibles cortes de caminos y la falta de infraestructura alternativa para la circulación rural.
El presidente de OSE, Pablo Ferreri, aseguró este viernes que el proceso expropiatorio contempla instancias de negociación con cada propietario y que la obra avanzará gradualmente hasta 2029. Ferreri sostuvo que la empresa ya adquirió algunos terrenos vinculados al obrador y afirmó que los productores tendrán tiempo para reorganizar sus actividades antes de abandonar las áreas afectadas.
Sin embargo, Rivadavia respondió que todavía no existe viabilidad ambiental definitiva para el proyecto y aseguró que no puede avanzarse legalmente en las expropiaciones hasta completar ese proceso.
Los productores entregaron un petitorio al presidente Yamandú Orsi durante una actividad en Florida y que esperan ser recibidos próximamente. “Lo que queremos evitar es que después del daño social, económico y ambiental alguien diga que no sabía”, afirmó Rivadavia.
En paralelo, los vecinos evalúan sumarse a futuras medidas de protesta impulsadas por gremiales rurales y mantienen la expectativa de que el informe ambiental actualmente en elaboración obligue a revisar el proyecto o incluso cambiar la ubicación de la represa.
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