La coalición republicana encendió luces sobre los posibles efectos de las propuestas surgidas del diálogo social en materia de seguridad social. En una actividad realizada en el hotel Radisson de Montevideo, dirigentes de la oposición cuestionaron la falta de números y alertaron sobre riesgos para la sustentabilidad del sistema previsional, la economía y la calificación de deuda del país.
Uno de los expositores fue Rodolfo Saldain, redactor de la reforma previsional aprobada en 2023. Junto a él participaron Iván Posada e Isaac Alfie.
En entrevista con Informativo Carve del Mediodía, Saldain defendió la decisión de la coalición de no participar del diálogo social impulsado por el gobierno, y sostuvo que el proceso tuvo una metodología “orientada al fracaso”. Según afirmó, uno de los objetivos fue contemplar las posiciones del PIT-CNT respecto al sistema mixto de jubilaciones, algo que consideró imposible de acordar.
El abogado puso especial énfasis en la propuesta de habilitar jubilaciones desde los 60 años. A su entender, existe un riesgo de generar expectativas imposibles de sostener sin afectar el nivel de las pasividades.
“No van de la mano las dos cosas. Es posible jubilarse a los 60 años, incluso antes, pero con jubilaciones muy miserables”, afirmó. En ese sentido, recordó que la reforma de 2023 elevó gradualmente la edad de retiro a 65 años para intentar mantener niveles de jubilación similares en un contexto de envejecimiento poblacional.
Saldain señaló además que el informe del diálogo social no incluye cálculos de costos ni de financiamiento. Indicó que solicitó mediante la Ley de Acceso a la Información Pública los estudios de la OPP y del BPS que, según dijo el gobierno, respaldaban la neutralidad fiscal de las medidas. Sin embargo, aseguró que ambos organismos pidieron una prórroga para responder.
También advirtió que las nuevas proyecciones demográficas posteriores al censo muestran un escenario “mucho más dramático” que el manejado al momento de aprobarse la reforma previsional. Según explicó, la caída proyectada de la población en edad de trabajar pasó de 28% a 41%, lo que reduce el margen fiscal del sistema.
En esta línea, destacó que, teniendo en cuenta los datos que se deprenden del censo, el corrimiento a los 65 años tendría que haber sido mayor, y agregó que el margen para modificaciones es muy pequeño y tiende a cero.
“Creo que no se puede cometer el error que cometió Francia en el primer gobierno socialista. François Mitterrand llegó al gobierno con 100 medidas de propuesta, la 82 era bajarle la jubilatoria, de 65 a 60, y lo concretó en su gobierno. Ahora están incendiando París tratando de volver a los 65, no han logrado restablecerlo. También se hizo sin un solo número, ¿no? El incentivo que se aspira a poner, ¿va a ser compatible con jubilación y trabajo como es hoy? No hay incentivo que pueda con eso, van a tener que suprimir la compatibilidad del trabajo con la jubilación. Veo mucha improvisación, y es uno de los riesgos”, enfatizó.
Otro de los puntos cuestionados fue el rediseño del rol de las AFAP planteado en el diálogo social. Saldain explicó que la propuesta apunta a separar la administración de inversiones de la gestión de cuentas individuales y recordó que un esquema similar había sido analizado durante la Comisión de Expertos en Seguridad Social.
Sin embargo, sostuvo que el escenario cambió tras el plebiscito impulsado por el PIT-CNT en 2024, que proponía eliminar el ahorro previsional individual. Según dijo, eso dejó una fuerte sensibilidad respecto a cualquier cambio en el sistema.
De todos modos, consideró positiva la posibilidad de habilitar nuevos actores y ampliar las alternativas de inversión de los fondos previsionales, incluyendo mayores opciones en el exterior para diversificar riesgos.
Además, Saldain consideró positiva la posibilidad de habilitar nuevos jugadores en la administración de fondos previsionales, siempre que exista un esquema de garantías y fideicomisos que proteja el ahorro de los trabajadores. Señaló que una mayor competencia podría aportar alternativas al sistema, aunque aclaró que los beneficios concretos serían “acotados” porque actualmente las AFAP ya compiten por comisión y, de hecho, cobran comisión cero durante los primeros tres años a los nuevos afiliados.
El especialista también sostuvo que una de las discusiones relevantes pasa por ampliar las opciones de inversión de los fondos previsionales. A su entender, Uruguay debería avanzar hacia una mayor diversificación, incluyendo más posibilidades de inversión en el exterior y en activos de mejor calidad.
Saldain recordó que durante la reforma de 2023 se intentó flexibilizar algunos límites para las inversiones internacionales de las AFAP, aunque esa propuesta no prosperó por diferencias con Cabildo Abierto. Según explicó, la diversificación es clave para mejorar la seguridad y rentabilidad de los fondos previsionales en el largo plazo.
Consultado sobre eventuales efectos macroeconómicos, Saldain sostuvo que existe el riesgo de afectar la sustentabilidad fiscal y eventualmente la calificación de deuda del país si las medidas no están correctamente financiadas.
“No nos podemos olvidar que la calificación de crédito de Uruguay mejoró después de la reforma de 2023”, señaló, y advirtió que un deterioro en esa nota implicaría mayores costos de financiamiento para el Estado.
El especialista también marcó como prioridad el desafío de los cuidados de larga duración para personas mayores. Afirmó que Uruguay deberá avanzar hacia esquemas similares a los de países como Alemania y Japón, donde existen seguros sociales específicos para financiar cuidados domiciliarios o institucionales en la vejez.
Según indicó, un sistema robusto de cuidados implica un gasto cercano a un punto del Producto Interno Bruto y requiere un mayor crecimiento económico del país.
Consultado sobre la posibilidad de crear un seguro de paro para empresas unipersonales, Saldain sostuvo que la idea debe analizarse “con mucha atención” para evitar que se transforme en un incentivo al uso generalizado del subsidio.
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