El abogado penalista y diputado suplente del Partido Colorado, Rodrigo Martínez, presentó un proyecto de ley para crear un programa piloto de “justicia terapéutica”, una alternativa a la prisión destinada a personas imputadas por delitos leves que presenten consumo problemático de sustancias.
La iniciativa busca atacar simultáneamente dos problemas, por un lado, la rehabilitación de personas con adicciones, y, por otro, la reducción de la reincidencia delictiva.
En diálogo con Informativo Carve del Mediodía, Martínez explicó que existe una diferencia entre “el delincuente que además consume drogas” y “la persona que, a raíz de una adicción, termina cometiendo delitos”. Según sostuvo, el sistema actual mezcla ambas realidades dentro del proceso penal tradicional.
El legislador señaló que entre el 80% y el 85% de las personas que ingresan al sistema carcelario presentan consumos problemáticos de drogas, y remarcó que Uruguay tiene una población penitenciaria cercana a las 17.000 personas.
El proyecto plantea que personas detenidas por delitos menores (hurtos simples, daños o lesiones leves) puedan acceder voluntariamente al programa, siempre que técnicos especializados determinen que el delito estuvo vinculado al consumo problemático.
La evaluación estaría a cargo de psicólogos, asistentes sociales y especialistas en adicciones vinculados al Ministerio de Salud Pública, ASSE y la Junta Nacional de Drogas.
Si el juez y la Fiscalía lo aprueban, el imputado ingresaría al programa mediante una suspensión condicional del proceso penal y debería cumplir un tratamiento adaptado a su situación, que podría incluir internación, semi internación o modalidad ambulatoria.
El proceso tendría una duración estimada de entre 12 y 18 meses, con audiencias mensuales de seguimiento ante un juez especializado.
Martínez aclaró que si la persona abandona el tratamiento o incumple las condiciones, perderá el beneficio y el proceso penal continuará normalmente, con la posibilidad de una condena y prisión.
“No es indulgencia con el delito”, afirmó. “Se trata de pensar qué sociedad queremos más adelante”, agregó.
El diputado indicó que modelos similares funcionan en Estados Unidos, Reino Unido, Costa Rica, México y Argentina, bajo la figura de tribunales de tratamiento de drogas.
Según afirmó, mientras en Uruguay la reincidencia ronda el 65% a tres años, en estos programas internacionales baja al 16% en los peores casos y a menos del 5% en algunas experiencias argentinas.
Martínez sostuvo que la propuesta ha generado receptividad en distintos partidos y recordó que conceptos similares ya fueron mencionados en planes de seguridad pública, informes penitenciarios y propuestas anteriores de gobierno.
El proyecto comenzó su trámite parlamentario en la comisión de adicciones y el legislador aspira a que sea discutido durante este año.
Martínez se mostró partidario de revisar el sistema de libertades anticipadas como parte de la reforma del Código del Proceso Penal y sostuvo que cualquier herramienta orientada a la rehabilitación de personas privadas de libertad puede traducirse en mayor seguridad pública a mediano plazo.
Consultado sobre la propuesta del gobierno de ampliar la libertad anticipada para algunos delitos, Martínez afirmó que “rehabilitar a una persona que está en el sistema penal significa que aumenten las posibilidades de que no vuelva a delinquir”.
En ese sentido, consideró que las medidas de egreso anticipado pueden funcionar como incentivo dentro de las cárceles.
“Las personas privadas de libertad tienen que tener una motivación para empezar a hacer algo dentro de la cárcel. ¿Qué es lo que más quiere una persona que está en prisión? Salir. Si sale un poquito antes y le damos rehabilitación, y después tenemos menos chances de que reincida, ganamos todos”, señaló.
Casos Moisés
El legislador también fue consultado sobre la posibilidad, manejada por algunos dirigentes colorados, de impulsar un indulto parlamentario para Moisés Martínez, el joven condenado por matar a su padre abusador.
Al respecto, indicó que el caso generó una fuerte reacción social contraria a la condena y planteó que en sistemas con juicios por jurado popular el desenlace podría haber sido distinto.
De todos modos, remarcó que aún resta el recorrido judicial de apelación y eventual casación, por lo que entendió razonable que no transite ese proceso privado de libertad hasta que exista una sentencia firme.
Sobre la posibilidad de un indulto parlamentario, sostuvo que se trata de un mecanismo “muy excepcional”, pero consideró que merece un análisis serio una vez agotadas todas las instancias judiciales.
Martínez explicó que estos instrumentos forman parte del sistema de contrapesos institucionales previsto por la Constitución, donde excepcionalmente un poder del Estado puede corregir decisiones de otro.
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