Escuchá la entrevista con el abogado Marcos Prieto.
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La Justicia condenó en primera instancia al Ministerio de Ganadería y al Banco Central del Uruguay a indemnizar a un grupo de inversores de República Ganadera por considerar que existieron omisiones en los controles sobre la empresa. El fallo, que puede ser apelado, fija una compensación de 25.000 de dólares para cada uno de los demandantes y podría convertirse en un antecedente para otros reclamos vinculados al caso.
El abogado de los demandantes, Marcos Prieto, explicó en diálogo con Informativo Carve del Mediodía que la demanda fue presentada en representación de un pequeño grupo de entre cuatro y seis ahorristas, parte de un universo de unos 70 clientes que representa en distintas acciones judiciales.
Según detalló, el reclamo apunta a la responsabilidad del Estado por la falta de controles sobre el funcionamiento de República Ganadera. La demanda fue dirigida contra el MGAP y el Banco Central, al entender que ambos organismos incumplieron con sus obligaciones de fiscalización.
Prieto sostuvo que sus clientes no son grandes inversores, sino trabajadores que destinaron a la empresa los ahorros de toda una vida. “Pedimos únicamente que se les devuelva lo que invirtieron. El que puso US$ 5.000 reclama US$ 5.000, el que invirtió US$ 20.000 reclama 20.000 de dólares”, afirmó.
El abogado señaló que el juez rechazó las defensas planteadas por los organismos públicos y resolvió amparar parcialmente la demanda, condenando solidariamente al MGAP y al BCU al pago de las indemnizaciones establecidas en la sentencia.
Respecto al Banco Central, Prieto cuestionó que las advertencias emitidas sobre República Ganadera fueron insuficientes y tardías. A su juicio, el organismo debió ejercer un control más riguroso sobre una empresa que captaba fondos de numerosos ahorristas.
La sentencia corresponde a la primera instancia del proceso, por lo que tanto el MGAP como el Banco Central pueden presentar un recurso de apelación ante un Tribunal de Apelaciones. Prieto estimó que ese será el próximo paso del expediente y aclaró que el fallo aún no es definitivo.
El monto total reclamado en esta demanda ronda los 300.000 de dólares, correspondientes a las inversiones realizadas por este grupo de demandantes. El abogado enfatizó que el fallo no implica que todos los inversores vayan a obtener el mismo resultado, aunque reconoció que genera expectativas al tratarse del primer pronunciamiento judicial que atribuye responsabilidad al Estado por el caso República Ganadera.
