El diputado del Frente Amplio Federico Preve se refirió en Informativo Carve del Mediodía a dos proyectos de ley vinculados al sistema de salud. Uno busca regular el funcionamiento de los seguros privados integrales dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud, y otro propone que especialistas médicos y otros profesionales de la salud realicen un servicio obligatorio y remunerado en prestadores públicos.
El legislador explicó que el primer proyecto modifica el artículo 22 de la Ley 18.211 y apunta a “generar mayor equidad” en el sistema sanitario. Preve sostuvo que los seguros privados reciben cerca de 90 millones de dólares anuales provenientes del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y cuestionó que tengan una rentabilidad promedio del 9%, muy superior al 1% promedio del mutualismo.
La iniciativa propone aumentar de 6% a 18% la devolución que realizan los seguros privados al Fonasa por concepto de gestión, argumentando que una parte importante de esos recursos proviene de rentas generales.
Además, el proyecto establece que los seguros privados no puedan rechazar usuarios por enfermedades preexistentes o factores de riesgo, como diabetes, hipertensión u obesidad.
“El problema es que obtengan altas rentabilidades utilizando fondos públicos”, afirmó el diputado.
Preve señaló que la propuesta cuenta con respaldo de la mayoría de los sectores del Frente Amplio y que fue conversada con autoridades del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Salud Pública.
El otro proyecto presentado por el legislador busca reducir las inequidades en el acceso a especialistas, principalmente en el interior del país y especialmente al norte del Río Negro.
La iniciativa plantea que médicos especialistas, psicólogos, licenciados en enfermería, fisioterapeutas y otros profesionales de la salud deban trabajar entre 4 y 16 horas semanales durante dos años en prestadores públicos luego de finalizar su formación.
Según explicó Preve, el régimen sería remunerado, transitorio y compatible con el ejercicio profesional en otros ámbitos.
El diputado sostuvo que existen pacientes que esperan durante meses por consultas o cirugías, lo que en algunos casos deriva en complicaciones graves de salud.
El proyecto prevé además incentivos fiscales, pago de traslados y cobertura de estadía para quienes deban desempeñarse lejos de su lugar de residencia.
Preve aclaró que la obligación comenzaría a aplicarse para quienes inicien su formación luego de aprobada la ley y que quienes actualmente están cursando especialidades podrían adherirse de forma voluntaria.
También indicó que el Ministerio de Salud Pública y ASSE definirían las necesidades prioritarias y los destinos, contemplando situaciones familiares y laborales de los profesionales.
El legislador reconoció que existen discusiones sobre la cantidad de cupos de formación médica y la distribución territorial de especialistas, y adelantó que el tema también será abordado en la próxima Rendición de Cuentas.
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