Escuchá el espacio completo con los diputados Nibia Reisch, Felipe Schipani y Javier Umpierrez.
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La Comisión Especial de Tenencia Responsable y Bienestar Animal de la Cámara de Diputados comenzará la próxima semana el análisis de tres proyectos de ley que buscan regular la tenencia de perros potencialmente peligrosos, en respuesta al aumento de ataques registrados en los últimos años.
Las iniciativas, presentadas por legisladores de distintos partidos, coinciden en la necesidad de establecer mayores controles sobre los propietarios y avanzar hacia una normativa común.
Según datos mencionados durante el debate, entre 2010 y 2020 se registraron 31.634 mordeduras de perros en Uruguay, mientras que en 2024 el Ministerio de Salud Pública contabilizó unas 3.400, cifra que varios legisladores consideran un subregistro.
La diputada del Partido Colorado, Nibia Reisch, propone prohibir la cría, reproducción e importación de razas potencialmente peligrosas, establecer la esterilización obligatoria, exigir un seguro de responsabilidad civil y crear un registro específico para estos animales.
Por su parte, el diputado del Partido Colorado Felipe Schipani plantea centrar la regulación en los tenedores. Su proyecto prevé un registro obligatorio de propietarios, capacitación previa para quienes deseen tener estos perros y la identificación mediante microchip, además de respaldar la creación de un seguro obligatorio.
En tanto, el diputado del Frente Amplio Javier Umpiérrez impulsa modificaciones a la normativa vigente para exigir que los propietarios sean mayores de edad, no tengan determinados antecedentes penales ni vinculaciones con organizaciones criminales, además de acreditar un seguro de responsabilidad civil.
Los tres legisladores coincidieron en que existe voluntad política para elaborar un proyecto unificado que incorpore los principales aportes de cada iniciativa.
Los legisladores también coincidieron en que cualquier cambio legal deberá ir acompañado de un fortalecimiento del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), encargado de controlar el cumplimiento de la normativa.
En ese sentido, señalaron la necesidad de dotar al organismo de mayores recursos y avanzar en una mayor descentralización, incluso mediante convenios con las intendencias, para que las nuevas disposiciones puedan aplicarse de forma efectiva en todo el país.
