La Asociación Nacional de Armerías, Polígonos y Afines cuestionó el proyecto de ley sobre control de armas que comenzará a discutir el Parlamento y el decreto que prepara el Ministerio del Interior para regular la venta de municiones. El sector sostiene que el sistema vigente ya cuenta con estrictos controles y reclama que el Estado utilice mejor la información que actualmente recibe antes de imponer nuevas exigencias.
Juan Jiménez, integrante de la asociación y miembro de la Cámara de Importadores de Armas y Municiones, afirmó que las armerías cumplen con una normativa “muy estricta” tanto para la venta de armas como de municiones.
En entrevista con Informativo Carve de Cierre, explicó que para adquirir un arma de fuego una persona debe contar con el Título de Habilitación para la Adquisición y Tenencia de Armas (TATA), otorgado por el Ministerio del Interior, para lo cual debe presentar cédula de identidad, constancia de ingresos, certificado de idoneidad en el manejo seguro de armas, certificado médico, evaluación psicológica, constancia de domicilio y certificado de ausencia de antecedentes.
Además, señaló que la compra no es inmediata. Una vez realizada la operación en la armería, el comercio debe tramitar la guía del arma ante el Servicio de Material y Armamento del Ministerio de Defensa, procedimiento que demora entre 15 y 30 días antes de que el arma pueda ser entregada al comprador.
Respecto a la venta de municiones, indicó que solo pueden adquirirlas quienes presenten el TATA, la guía del arma correspondiente y la cédula de identidad, y únicamente para el calibre autorizado.
Jiménez recordó que las armerías deben conservar copia de esa documentación y remitir cada 72 horas al Ministerio del Interior un informe digital con la identidad del comprador, el número de TATA, la guía del arma, el calibre y la cantidad de municiones vendidas.
Uno de los principales cuestionamientos del sector apunta a que el proyecto reduciría de 72 a 24 horas el plazo para enviar esa información al Ministerio del Interior. Según Jiménez, esa modificación implicaría mayores costos administrativos para los comercios sin resolver el problema de fondo.
“Primero hay que exprimir la información que ya tienen. Si después de hacer todos los cruzamientos posibles encuentran falencias, nos sentamos a discutir nuevas medidas”, afirmó.
Como ejemplo, sostuvo que el ministerio podría detectar fácilmente compradores con consumos inusualmente elevados de municiones mediante análisis estadísticos y verificar posteriormente si esos casos responden a actividades deportivas o requieren una investigación.
También planteó que el sector teme que detrás de las nuevas iniciativas exista una intención de avanzar hacia un mayor desarme de la población civil.
Recordó que desde hace años existen propuestas en ese sentido y mencionó debates impulsados en administraciones anteriores sobre una ley marco de desarme civil.
A su entender, las autoridades deberían demostrar primero que el sistema actual resulta insuficiente antes de imponer nuevas restricciones.
Jiménez rechazó además la idea de que las armas y municiones utilizadas por delincuentes provengan mayoritariamente del mercado legal. Citando un estudio del centro de estudios Ceres, sostuvo que entre 2015 y 2025 aproximadamente el 4% de las armas incautadas en hechos violentos tenían documentación legal.
“Nos han puesto en el banquillo de los acusados como si el mundo legal fuera el que está proveyendo a los delincuentes, y no es así”, afirmó.
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