Escuchá la entrevista a Gabriela Pradere, Presidenta de la Junta Nacional de Salud.
El Parlamento autorizó la extensión por dos años de la intervención del Ministerio de Salud Pública (MSP) sobre CASMU, mutualista que permanece intervenida desde julio de 2024.
La aprobación se produjo en un contexto de fuerte preocupación por la situación económico-financiera de la institución y mientras el Poder Ejecutivo analiza habilitarle un nuevo acceso al Fondo de Garantía para la Reestructuración de Pasivos, por hasta US$ 120 millones.
Con la nueva etapa de la intervención, el gobierno decidió cambiar a los integrantes de la comisión interventora y reducirla de tres a dos miembros. Salieron los anteriores interventores y fueron designados el abogado Matías Eirín y el licenciado en Enfermería Alberto Barrios. Ambos tendrán una remuneración menor que sus antecesores: $270.000 más IVA mensuales. El MSP explicó que, aunque ya no habrá un contador dentro de la comisión, se prevé incorporar a alguien con perfil contable.
La situación financiera continúa siendo el principal problema. Según lo informado por el subsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo, los informes de los interventores describen una institución con patrimonio negativo, insuficiencia de capital de trabajo, elevados costos financieros y una fuerte dependencia del refinanciamiento de sus pasivos.
El trasfondo es todavía más complejo: informes anteriores del MSP habían detectado problemas de control interno, contrataciones cuestionadas, conflictos de interés, sobrecostos, endeudamiento elevado y decisiones de gestión consideradas inconvenientes para una institución que ya atravesaba una situación financiera crítica.
