La polémica por la camioneta Hyundai adquirida por el presidente Yamandú Orsi sumó un nuevo capítulo político. El diputado colorado Felipe Schipani presentó un pedido de informes a Presidencia para que se expliquen las condiciones en las que se eligió el vehículo utilizado durante la ceremonia de asunción del 1 de marzo, luego de que trascendiera que el mandatario compró días antes una Hyundai Santa Fe con un descuento de unos 25.000 dólares respecto al precio de mercado.
La discusión comenzó a partir de un informe periodístico de Patricia Madrid en Así Nos Va y de la declaración jurada presentada ante la JUTEP, donde figura que Orsi pagó 54.000 dólares por una camioneta cuyo valor de plaza rondaría los 79.000 dólares. A eso se sumó el hecho de que durante el traslado presidencial en la ceremonia de asunción se utilizó otro vehículo Hyundai, lo que despertó cuestionamientos sobre un eventual beneficio comercial para la marca.
Schipani sostuvo en entrevista con Informativo Carve de Cierre que el foco de su pedido de informes no está centrado en la compra particular del vehículo, sino en los criterios utilizados para seleccionar el automóvil que trasladó al presidente y a la vicepresidenta desde el Palacio Legislativo hasta Plaza Independencia. Según señaló, la exposición pública y mediática que tuvo ese vehículo durante la transmisión oficial implicó un importante beneficio de marketing para la empresa involucrada.
El legislador cuestionó además la versión difundida desde Presidencia respecto a que el vehículo utilizado en la ceremonia pertenecía a Fidocar. Aseguró que, según un video y otras fuentes a las que accedió, tanto la camioneta adquirida por Orsi como la utilizada el día de la asunción, pertenecían a la automotora Oliva.
En ese marco, Schipani planteó dudas sobre si existió algún tipo de acuerdo, contraprestación o beneficio comercial vinculado al uso del vehículo oficial y advirtió que podría haber elementos para analizar a la luz del Código de Ética de la Función Pública, que prohíbe a los funcionarios recibir regalos o compensaciones por actos inherentes a su función.
El diputado afirmó que no está realizando acusaciones, pero sí reclamando aclaraciones “rápidas y convincentes” por parte del gobierno. Entre otras cosas, pidió conocer quién tomó la decisión de elegir ese vehículo, si hubo contactos entre Presidencia y la automotora, si existió algún pago o acuerdo publicitario y si el presidente participó en esas gestiones.
Schipani sostuvo además que la falta de una respuesta clara por parte del gobierno alimenta nuevas especulaciones y cuestionó la estrategia de comunicación oficial sobre el tema. Aunque el pedido de informes tiene plazos legales de hasta 70 días, el legislador consideró que la explicación debería llegar “en las próximas horas” debido a la repercusión pública que tomó el caso.
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