Escuchá la entrevista completa al Coordinador de la Comisión Ejecutiva Interministerial para Asuntos de Riego y ex ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre.
Uruguay quiere cambiar su relación con el agua y, particularmente, con el agua destinada a la producción. La nueva Estrategia Nacional de Riego parte de una idea que Tabaré Aguerre, coordinador de la Comisión Ejecutiva Interministerial para Asuntos de Riego, resume de manera muy gráfica: pasar de un país que “espera la lluvia” a uno que almacena y administra el agua. El gobierno entiende que el riego ya no debe ser solamente una herramienta para enfrentar las sequías, sino un instrumento de desarrollo productivo y de competitividad.
La apuesta es importante porque Uruguay tiene una larga experiencia en riego, especialmente vinculada al arroz, pero una utilización mucho menor en otras actividades agrícolas y ganaderas. La nueva estrategia busca ampliar ese universo mediante infraestructura hídrica, con una participación central de la inversión privada y con estímulos públicos.
Entre las medidas anunciadas aparecen una ventanilla única para acelerar los trámites, incentivos fiscales que elevan la exoneración de IRAE a un mínimo de 72% para los proyectos alcanzados, una nueva tarifa eléctrica zafral y herramientas para facilitar embalses compartidos entre varios productores. Uno de los cambios más relevantes está precisamente en pasar de la obra individual al proyecto multipredial. La idea es que varios productores puedan compartir una fuente de agua y una infraestructura que, individualmente, quizás ninguno de ellos podría construir.
La dimensión productiva es quizás la que explica la ambición del proyecto. Incorporar el riego podría permitir duplicar la producción de soja o triplicar la producción de maíz, al tiempo que permitiría reducir la vulnerabilidad de las cadenas productivas frente al déficit hídrico. Pero el desafío es transformar ese potencial en proyectos concretos y económicamente viables. Para eso habrá que resolver no solamente el acceso al agua, sino también la energía —las redes rurales muchas veces no están preparadas para la demanda de los sistemas de riego—, el financiamiento, los permisos ambientales y los tiempos administrativos.
