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Fogón político: Bioinsumos contra la garrapata, reclaman avanzar con los registros y controles

Fogón político: Bioinsumos contra la garrapata, reclaman avanzar con los registros y controles
Foto: GUB.UY

Escuchá el espacio con los diputados Carlos Rydstrom y William Martínez.

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La Comisión de Ganadería de Diputados analizará la situación de los bioinsumos desarrollados para combatir la garrapata, ante la falta de habilitación de productos que, según sus desarrolladores y productores, han mostrado resultados positivos, pero que actualmente no cuentan con registro para su comercialización legal en Uruguay.

El tema fue abordado el 15 de setiembre por la Comisión de Ganadería, en una sesión en la que participaron representantes de Tecnobío y del Instituto Bio Uruguay, desarrollador del producto creBIO 7. Este último lleva cerca de dos décadas de investigación y ensayos y aún se encuentra a la espera de la habilitación correspondiente.

Ambos diputados coincidieron en la necesidad de revisar los mecanismos de registro y evaluación de estos productos y de avanzar en el desarrollo de una política nacional de bioinsumos.

Rydstrom señaló que el problema de la garrapata representa un costo estimado de entre 95 y 100 millones de dólares anuales para el país y que existe resistencia a distintas moléculas químicas utilizadas tradicionalmente para su control. En ese contexto, consideró que los biogarrapaticidas pueden constituir una herramienta complementaria y que su desarrollo también se vincula con los objetivos de transición agroecológica y producción con menor utilización de insumos sintéticos.

Martínez coincidió en que existe una contradicción entre el desarrollo de un plan nacional de bioinsumos y las dificultades administrativas para registrar un acaricida biológico. Señaló que en otros sectores de la producción ya existen antecedentes de entomopatógenos registrados para el control de distintas plagas, mientras que el registro de productos biológicos contra la garrapata continúa sin concretarse.

El diputado también advirtió sobre el uso informal o ilegal de productos que no cuentan con la habilitación correspondiente. Según planteó, esto dificulta el control sanitario y puede generar riesgos vinculados tanto a los residuos en carne como al impacto ambiental de determinadas herramientas biológicas.

 

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