Escuchá el espacio con el diputado nacionalista, Juan Pablo Delgado, y vocero de los vecinos de Casupá, Álvaro Rivadavia.
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La discusión sobre la construcción de la represa de Casupá sumó un nuevo capítulo con la presentación de una demanda judicial que solicita suspender de forma inmediata cualquier actuación vinculada al proyecto hasta que exista una sentencia definitiva o una resolución de la Justicia.
La medida cautelar fue impulsada por el Partido Independiente y cuenta con el respaldo de legisladores de la Coalición Republicana, productores rurales y organizaciones de la sociedad civil. El planteo busca detener actuaciones administrativas, licitatorias, presupuestales, financieras, contractuales y expropiatorias relacionadas con la obra.
El diputado del Partido Nacional, Juan Pablo Delgado, explicó que la iniciativa cuenta con el apoyo de integrantes de la comisión asesora de Agua y Saneamiento del Directorio nacionalista, integrada por exjerarcas y legisladores vinculados al área.
Delgado sostuvo que la represa proyectada no resuelve el problema de abastecimiento de agua para el área metropolitana porque continúa dependiendo de la cuenca del río Santa Lucía, que, a su juicio, presenta limitaciones tanto en cantidad como en calidad del agua. Además, cuestionó el impacto ambiental y productivo que tendría la obra, al señalar que inundaría más de 3.000 hectáreas de suelos de alta productividad y unas 400 hectáreas de monte nativo.
El legislador también argumentó que el proyecto avanza sin contar aún con la autorización ambiental correspondiente. En ese sentido, cuestionó que OSE haya iniciado negociaciones y expropiaciones de predios antes de que exista una declaración de viabilidad ambiental, algo que considera un requisito previo para continuar con el proceso.
Por su parte, el productor ganadero y vocero de los vecinos de Casupá, Álvaro Rivadavia, afirmó que la expectativa de los residentes es que la Justicia ordene detener el avance del proyecto hasta que se realicen los estudios ambientales y se garantice la participación de los afectados.
Rivadavia sostuvo que el estudio de impacto ambiental debería preceder cualquier otra instancia del proyecto, incluida la licitación y las expropiaciones. También cuestionó que los relevamientos se hayan realizado mediante herramientas remotas y aseguró que no se efectuaron comprobaciones suficientes en el territorio.
